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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló la existencia de una presunta red de colusión en las contrataciones de material electoral, vinculada a empresas de los hermanos Hernández Casillas, que habría operado durante casi tres décadas y obtenido contratos millonarios de organismos electorales locales.

Durante su conferencia matutina, expuso que una investigación de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, encabezada por Raquel Buenrostro Sánchez, identificó relaciones empresariales y políticas que, según el gobierno federal, se fortalecieron durante la presidencia de Lorenzo Córdova al frente del Instituto Nacional Electoral (INE), entre 2014 y 2023. También señaló presuntos vínculos con el partido SOMOS.

De acuerdo con Buenrostro, entre 2015 y 2023, un total de 23 de los 32 Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) otorgaron contratos por 2 mil 94 millones de pesos a empresas relacionadas con los hermanos Hernández Casillas. Entre 2024 y 2025, otros 15 organismos contrataron a integrantes de esa red empresarial por 646.3 millones de pesos. En conjunto, los montos señalados ascienden a 2 mil 740.3 millones de pesos.

La funcionaria explicó que los antecedentes se remontan a la década de 1980, cuando José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas trabajaban en el Registro Nacional de Población e Identificación Personal (RENAPO), dependiente de la Secretaría de Gobernación. Posteriormente, se constituyeron empresas como Cartonera Plástica, en 1988, y Formas Finas Fernando Fernández, en 1992, relacionadas con ambos empresarios.

Entre los antecedentes expuestos también mencionó que Cartonera Plástica participó como proveedora electoral en el Estado de México desde 1999 y que en 2005 obtuvo un contrato por 63.7 millones de pesos del instituto electoral de esa entidad. La contratación estuvo acompañada de denuncias por presuntas irregularidades y sobornos, que derivaron en la renuncia de siete consejeros electorales.

Sheinbaum sostuvo que las posibles irregularidades deben ser investigadas por las instancias competentes y rechazó que el origen de la presunta red corresponda a la actual administración del INE, encabezada por Guadalupe Taddei. Por su parte, Buenrostro precisó que, al tratarse de un organismo autónomo, corresponde a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y a las autoridades fiscalizadoras determinar posibles faltas y responsabilidades, además de presentar denuncias ante la Fiscalía General de la República o la Unidad de Inteligencia Financiera, cuando proceda.

Como medida para modificar el esquema de adquisiciones, la presidenta anunció que la próxima semana presentará un decreto para fortalecer Talleres Gráficos de México. La propuesta contempla ampliar la participación de dependencias federales e instituciones académicas en su Consejo de Administración e incorporar a la ASF como observadora, con la intención de que esa empresa estatal fabrique material electoral y otros insumos sean adquiridos a proveedores mexicanos.