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El alcalde de Cuernavaca, José Luis Urióstegui Salgado, anunció que propondrá a los gobiernos estatal y federal la expropiación del predio La Cazahuatera, donde la empresa Portenta proyecta construir torres de departamentos y suites hoteleras, proyecto rechazado por organizaciones sociales y ambientalistas.

El planteamiento lo hizo ante integrantes de la organización Gustavo Salgado Delgado, quienes marcharon de la Plaza de Armas a la sede del Ayuntamiento para exigir justicia por el asesinato del regidor Gabriel Rivas Ríos, ocurrido el miércoles pasado. El concejal encabezaba la oposición al desarrollo inmobiliario y participaba en otras causas sociales.

En la explanada del edificio Papagayo, Urióstegui llamó a continuar las luchas que impulsaba el regidor y pidió a los integrantes de la organización mantener la defensa de La Cazahuatera y las demás causas en las que participaba. También aseguró que solicitó al fiscal general, Fernando Blumenkron, una investigación amplia sobre el homicidio, que incluya a todas las personas que pudieron tener algún vínculo con la víctima.

Sobre el proyecto inmobiliario, el edil aclaró que el Ayuntamiento no ha otorgado una licencia ambiental ni modificado el uso de suelo durante su administración. Precisó que el asunto se encuentra judicializado y que el municipio deberá respetar las resoluciones que emitan las autoridades correspondientes.

Urióstegui recordó que Gabriel Rivas y ambientalistas habían expuesto ante el gobierno municipal razones para impedir la continuidad del proyecto. Aunque reconoció que La Cazahuatera es propiedad particular, anunció que planteará a los gobiernos de Morelos y federal la posibilidad de expropiar el terreno. También invitó a los manifestantes a solicitar la intervención de la gobernadora Margarita González Saravia.

El anuncio se suma a la petición presentada el 30 de julio por más de 70 científicos y ambientalistas ante la Secretaría de Desarrollo Sustentable de Morelos para declarar La Cazahuatera como Área Natural Protegida. En esa fecha, el titular de la dependencia, Alan Dupré Ramírez, informó que el procedimiento podría prolongarse hasta un año.