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Con el propósito de fortalecer la certeza legal de los actos de gobierno y consolidar una administración pública con mayor rigor técnico, la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos realizó una conferencia magistral dirigida a las Unidades de Enlace Jurídico de la Administración Pública Central y Paraestatal, como parte de su estrategia permanente de actualización profesional.

La ponencia estuvo a cargo de Ricardo Domínguez Carrillo, magistrado adscrito al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Octavo Circuito y coordinador de Magistrados, y se desarrolló en la Casa de los Saberes Jurídicos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Cuernavaca, espacio dedicado al estudio, análisis e intercambio académico en materia constitucional.

Por su lado, la consejera jurídica del Poder Ejecutivo, Dolores Álvarez Díaz, destacó que este tipo de espacios de formación fortalecen las capacidades técnicas del personal jurídico y contribuyen a que las decisiones gubernamentales se sustenten en un análisis constitucional sólido, lo que se traduce a contar con mayor certeza legal y un servicio público más profesional en beneficio de las y los morelenses.

Durante la jornada se abordaron temas de alta relevancia, entre ellos los principios del juicio de amparo, las herramientas de análisis del amparo directo e indirecto, los elementos esenciales de los conceptos de violación y el estudio del amparo contra normas generales, con la finalidad de ampliar los conocimientos técnicos de las y los participantes y fortalecer el sustento legal de las acciones públicas.

La actividad incluyó un espacio de intercambio de experiencias, análisis de casos y resolución de dudas sobre la aplicación práctica de los temas expuestos, lo que permitió reforzar criterios especializados y enriquecer las herramientas de trabajo de las áreas participantes.

La actualización permanente de las y los servidores públicos contribuye a una gestión más sólida, profesional y apegada al marco constitucional, al tiempo que fortalece la legalidad, la seguridad jurídica y la adecuada atención de los asuntos que impactan a la ciudadanía.

La capacitación continua del personal especializado contribuye a que las decisiones y acciones públicas cuenten con mayor sustento legal, fortaleciendo la confianza ciudadana en las instituciones y consolidando una administración pública más preparada para responder con responsabilidad y apego a la ley.