Y hay que decirlo con claridad: tiene razón. México no debe aceptar injerencias, ni operaciones encubiertas, ni presiones electorales disfrazadas de cooperación. Mucho menos cuando ciertos actores en Estados Unidos usan a México como plataforma para ganar votos, endurecer discursos o fabricar enemigos externos.

Hasta ahí, todo bien.

Pero la defensa de la soberanía no puede convertirse en coartada política, ni en escudo para proteger a funcionarios corruptos, ni en pretexto para ignorar vínculos reales entre actores de la 4T y el crimen organizado. Y ahí es donde el discurso de ayer deja un espacio incómodo.

La soberanía no es selectiva

Cuando Sheinbaum afirma que “México no acepta injerencias”, el aplauso es automático. Pero la memoria también es automática.

Porque México sí ha intervenido en otros países:

*El asilo en la embajada en Quito que terminó en un operativo policial ecuatoriano.

*Las declaraciones del gobierno mexicano sobre procesos judiciales en Perú.

*La presión diplomática sobre Guatemala en momentos de crisis política.

*La narrativa de “golpes blandos” aplicada a gobiernos extranjeros.

No se trata de negar la legitimidad del asilo ni de la tradición diplomática mexicana. Se trata de reconocer que México también juega políticamente en el tablero internacional, y que la soberanía no puede ser un argumento de un solo sentido.

Si rechazamos la injerencia, debemos rechazarla siempre, no solo cuando viene del norte.

La soberanía no puede blindar a los corruptos

El punto más delicado del discurso presidencial es otro: la defensa de la soberanía no puede confundirse con la defensa de funcionarios señalados, investigados o evidenciados por corrupción o vínculos con el crimen organizado.

Porque ahí ya no hablamos de soberanía. Hablamos de impunidad.

Y la lista es larga:

*gobernadores investigados por agencias internacionales,

*alcaldes detenidos por vínculos con cárteles,

*operadores políticos con expedientes abiertos,

*redes de financiamiento ilícito,

*estructuras criminales incrustadas en municipios.

Cuando Estados Unidos señala a un funcionario mexicano, no siempre lo hace por altruismo. Pero tampoco siempre miente.

La respuesta del Estado mexicano no puede ser automática: “es injerencia”. A veces lo es. A veces no. Y la diferencia importa.

La soberanía no se defiende con discursos, sino con instituciones

El discurso nacionalista funciona mientras no se convierta en cortina de humo. La verdadera defensa de la soberanía no está en el Monumento a la Revolución, sino en:

*fiscalías que investigan sin mirar colores,

*policías que no están capturadas,

*gobiernos locales que no pactan,

*elecciones sin intervención criminal,

*fronteras donde no operan agencias extranjeras sin autorización, *funcionarios que no se venden.

La soberanía se defiende desde adentro, no solo hacia afuera.

El riesgo de la narrativa única

El discurso presidencial tiene un riesgo: convertir cualquier señalamiento externo en “ataque a México”, y cualquier crítica interna en “campaña de desinformación”. Ese camino ya lo hemos visto en otros países. Y no termina bien.

La soberanía no puede ser un muro para evitar la rendición de cuentas. Ni un escudo para proteger a los propios. Ni una excusa para negar realidades incómodas.

Conclusión

La presidenta tiene razón en defender la soberanía. Tiene razón en exigir respeto. Tiene razón en denunciar presiones electorales desde Estados Unidos. Pero defender a México no significa defender a:

*los corruptos,

*los infiltrados,

*los operadores criminales,

*los funcionarios que traicionaron al Estado,

*los que se enriquecieron al amparo del poder.

La soberanía es un principio. La impunidad es un cáncer.

Y no se parecen en nada.