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En febrero de 2023, María Luisa obtuvo la libertad. Pero no porque el Estado reconociera su inocencia, sino por una remisión parcial de la pena. Una reducción administrativa, no una reparación judicial. Ella no quería salir así. Se negó a abandonar el penal porque su objetivo era otro: salir con una declaración de inocencia, no como beneficiaria de un descuento de condena. El 2 de febrero de 2023, custodias la sacaron cargada del área femenil hasta el exterior, pese a su resistencia simbólica. Desde entonces, su lucha dejó de ser solo por la libertad y se convirtió en una batalla por anular la sentencia y obligar al Estado a reconocer que fue encarcelada injustamente.

La detención de José Guadalupe “N”, ocurrida el 12 de agosto de 2026 en Cuautlixco, Cuautla, es el primer movimiento serio en la vertiente de responsabilidad penal. La Fiscalía le imputa el delito de tortura en agravio de María Luisa y subraya que se trata de la primera orden de aprehensión por tortura cumplimentada en 15 años en Morelos. Es un hito. No solo porque toca a un expolicía que formó parte de un grupo señalado por operar como estructura paralela involucrada en secuestros, desapariciones y fabricación de culpables, sino porque envía un mensaje: la tortura ya no será un delito sin consecuencias automáticas.

Aquí la Fiscalía hace lo que durante años nadie quiso hacer: mirar el expediente completo, reconocer la tortura, actuar en consecuencia. Bien por la Fiscalía. Bien por la Agencia de Investigación Criminal que ejecuta la orden. Bien por quienes, dentro de la institución, decidieron que este caso no podía seguir archivado en la zona gris de la impunidad.

El Tribunal Superior de Justicia: la puerta que sigue cerrada

Pero mientras la Fiscalía avanza, el Tribunal Superior de Justicia de Morelos se queda anclado en el pasado. María Luisa lleva más de tres años buscando que el TSJ emita un reconocimiento de inocencia. Se lo han negado al menos en dos ocasiones, obligándola a recurrir a amparos. El mensaje es brutal: el Poder Judicial local prefiere sostener una sentencia construida sobre tortura antes que admitir que se equivocó. Prefiere proteger la ficción de su infalibilidad antes que reconocer que encarceló a una mujer inocente durante 25 años.

La detención del expolicía es, en los hechos, una confirmación de lo que María Luisa ha dicho siempre: que fue torturada, que le fabricaron un caso, que la obligaron a confesar un secuestro que no cometió. Es, en términos prácticos, una pieza más de la evidencia de su inocencia. Y sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia sigue negándole el derecho a que esa inocencia sea reconocida formalmente. Ahí está la grieta: mientras la Fiscalía se mueve hacia la verdad, el Poder Judicial se aferra a la mentira.

Este caso expone la impunidad estructural en Morelos: 25 años presa, 28 años para detener a uno de sus torturadores. Muestra cómo la tortura se usó como herramienta rutinaria para construir culpables. Y coloca a María Luisa como una figura que ya no solo reclama su propia historia, sino que empuja la discusión sobre verdad, reparación y memoria. Ella no pide un favor; exige justicia. No pide compasión; exige reconocimiento.

La justicia tarda. Pero en el caso de María Luisa, por primera vez, parece que puede llegar.