Compartir la nota por:

El periodo ordinario de sesiones arranca con un país atravesado por un fenómeno que ya nadie puede negar: la inseguridad es un proceso nacional, no un fracaso exclusivo del Ejecutivo ni una bandera que pueda cargarse en solitario desde Morelos. Es un problema estructural que exige corresponsabilidad, coordinación y política pública sostenida. Y, sin embargo, en vísperas del proceso electoral de junio, cada partido acomoda su agenda para posicionarse, diferenciarse o sobrevivir.

El Congreso entra a su tercer año legislativo con dos pulsos simultáneos: lo que debe resolver y lo que cada fuerza quiere capitalizar.

Las pensiones

El PRI abre el periodo con una postura quirúrgica: no aprobar a ciegas la reforma a pensiones. No es confrontación con el Ejecutivo; es una defensa técnica y política:

• exige claridad sobre sostenibilidad,
• pide reglas precisas sobre aportaciones,
• advierte sobre riesgos para trabajadores jóvenes y sectores informales.

En un país donde la informalidad supera el 55%, hablar de pensiones sin diagnóstico es irresponsable. El PRI busca colocarse como garante de certidumbre, no como obstáculo.

Desafío pendiente: que la discusión no se convierta en un pleito electoral, sino en una revisión seria del sistema de retiro.

La seguridad, tema transversal

Aquí no hay matices: todos los partidos reconocen que la inseguridad es un fenómeno nacional, multicausal y acumulado por décadas. Nadie responsabiliza solo al Ejecutivo; todos admiten que la crisis exige corresponsabilidad.

Pero cada fuerza lo aborda desde un ángulo distinto:

• PVEM: seguridad y medio ambiente como binomio estratégico.
• Movimiento Ciudadano: frenar la violencia feminicida, donde Morelos tiene indicadores preocupantes.
• PT: dignificar policías, mejorar salarios y evitar la politización del tema.
• PAN: exige frenar la crisis de inseguridad, con énfasis en municipios vulnerables.
• Morena: llama a cerrar filas, reconociendo que la seguridad requiere coordinación institucional, no confrontación.

La coincidencia es clara: la seguridad no es un arma electoral; es una responsabilidad compartida.

Desafío pendiente: convertir esta coincidencia en una agenda legislativa común, con indicadores verificables y presupuesto suficiente.

La violencia feminicida

Movimiento Ciudadano coloca el dedo en la llaga: la violencia feminicida. No es un tema accesorio; es una crisis nacional que exige:

• protocolos reales,
• fiscalías especializadas,
• presupuesto etiquetado,
• indicadores públicos,
• y coordinación con municipios.

MC no acusa al Ejecutivo; exige al Estado completo. Y obliga a los demás partidos a pronunciarse.

Desafío pendiente: que el tema no quede atrapado en la coyuntura electoral.

Policías a dignificar

El PT plantea algo que suele quedar fuera del debate: dignificar policías. Hablar de seguridad sin hablar de policías es hablar a medias.

El PT propone:

• mejores salarios,
• capacitación,
• condiciones laborales dignas,
• protección frente al crimen,
• depuración institucional.

No es una crítica al Ejecutivo; es una crítica al abandono histórico de las corporaciones.

Desafío pendiente: que la dignificación no se convierta en discurso, sino en política pública con presupuesto.

Priorizar la educación

Nueva Alianza hace lo que sabe hacer: priorizar educación. En un estado con crisis universitaria, rezagos en infraestructura y docentes precarizados, la agenda educativa es más que sectorial: es estructural.

Hablar de presupuesto 2027 desde ahora es una señal: la disputa por el futuro ya empezó.

Desafío pendiente: que la educación sea un eje transversal, no una bandera partidista.

Dos visiones, mismo objeto

Aunque PAN y Morena difieren en tono, coinciden en lo esencial:

• PAN: exige frenar la inseguridad.
• Morena: llama a cerrar filas contra la inseguridad.

Ambos reconocen que el fenómeno es nacional, complejo y multicausal. No hay acusaciones directas al Ejecutivo; hay reconocimiento de que el problema exige coordinación.

Desafío pendiente: evitar que la seguridad se convierta en un campo de batalla electoral.

Diálogo

El llamado al diálogo en el tercer año legislativo es más que cortesía: es una advertencia. El Congreso necesita acuerdos mínimos para evitar que el periodo se convierta en parálisis preelectoral.

El diálogo será útil si permite:

• construir una agenda común en seguridad,
• discutir pensiones con rigor,
• ordenar prioridades presupuestales,
• y evitar que la violencia aumente en temporada electoral.

Los retos

El periodo ordinario de sesiones será, en realidad, el preámbulo del proceso electoral de junio. Pero la inseguridad, las pensiones, la educación y la violencia feminicida no pueden esperar a la campaña.

La agenda legislativa muestra tres certezas:

1. La inseguridad es nacional y exige corresponsabilidad.
2. Las pensiones requieren claridad, no prisa.
3. La educación y la violencia de género deben ser prioridad permanente.

El Congreso entra a su tercer año con una responsabilidad doble: legislar sin dejarse arrastrar por la campaña y hacer campaña sin abandonar la agenda del país.

Morelos —y México— no pueden darse el lujo de que la política electoral eclipse la política pública.