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México inicia la década de los años 50, con su minería básicamente en manos extranjeras, americanas, inglesas y francesas, tanto en su propiedad, como en su administración y tecnología. La política era la de producir minerales para ser exportados e industrializados fuera de México y en gran parte, fundidos y refinados también en el exterior.

A finales de los años 50, de acuerdo con los objetivos económicos de México, las autoridades sugirieron a las empresas extranjeras que:

a) invitaran a mexicanos a participar en la administración y propiedad de las empresas mineras, y

b) desarrollaran verticalmente la producción minera, al fundir, refinar e industrializar los minerales en México.

Los dueños extranjeros hicieron caso omiso de las sugerencias del Gobierno Mexicano, respaldadas estas sugerencias por muchos mexicanos. Ante esa actitud negativa, las autoridades mexicanas continuaron insistiendo ante la inversión extranjera en minería, en que tenían que tomar en cuenta los objetivos económicos y sociales de México. Llegó el momento en que le fue necesario al Gobierno Mexicano imponer una nueva política minera motivada por:

a) una frustrante y casi nula participación de los mexicanos en la administración y propiedad de los recursos naturales de su país,

b) una larga y desesperante espera a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial para obtener equipo de reposición para su desgastada industria,

c) una inhabilidad para inducir a los extranjeros a fundir, refinar e industrializar la producción minera en México, y

d) una determinación de México, consecuencia de su gran esfuerzo durante la Segunda Guerra Mundial, en construir una gran nación, comenzando por una independencia geopolítica.

Durante finales de los 50 y principios de los 60, México reconoce e inicia la implementación de geopolíticas y de soberanía económica estratégica de largo plazo, en cuanto a su industria minera. El gobierno contaba con legitimidad, por lo tanto, con un fuerte apoyo popular para tomar e implementar decisiones definitivas en los ámbitos sociales, económicos y políticos.

Se impusieron altos cargos en impuestos superficiales, impuestos de producción y de exportación sobre precios oficiales que las autoridades establecían, llegando éstos a ser gravámenes hasta de un 33% superior al valor oficial del metal. El gobierno había decidido implementar de manera unilateral, lo que había pedido e insistido que hiciera la inversión privada extranjera que dominaba la industria minera del país.

Aún así, la inversión extranjera ignoró los objetivos económicos y sociales de México. No se invitó a capital mexicano a participar en la propiedad de las empresas mineras. Tampoco permitió a mexicanos participar en la dirección y administración de las empresas minero metalúrgicas en la medida de sus capacidades. Ingenieros de minas y geólogos mexicanos, salieron del país para prestar sus servicios en altos cargos de decisión u ejecución en sus respectivas especialidades en otras tierras.

El presidente Adolfo López Mateos, desde que se hizo cargo de la presidencia el 1 de diciembre de 1958, encaró la realidad minera mexicana de aquel entonces. Incorporando consultas con los diversos sectores económicos, políticos y sociales del país, llevó a cabo un profundo estudio de la situación minera, mismo que, mediante las siguientes alternativas, lo llevó a obtener, el desarrollo requerido:

a) la apertura de las puertas a nueva inversión extranjera y promover la minería existente,

b) la estatización de la industria por parte del Estado Mexicano, y

c) lograr un desarrollo mediante la mexicanización de la industria por vía de reformas legales.

Como antecedente de especial importancia histórica, debe tenerse en cuenta la expropiación de la industria petrolera, llevada a cabo el 18 de marzo de 1938 por el presidente Lázaro Cárdenas, ante la rebeldía de las empresas petroleras extranjeras a un laudo de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.

El presidente López Mateos tomó la trascendente decisión de optar por la mexicanización, camino de un alto costo a corto plazo, pero que a largo plazo debía satisfacer los fines sociales, políticos y económicos que la época demandaba.

El 5 de febrero de 1961, fue promulgada una nueva Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en Materia Minera. Esta ley cambió la vida de las concesiones mineras, antes ad-perpetua, por concesiones que caducarían a los 25 años de la promulgación de la ley, salvo que la propiedad de cuando menos el 51% de las acciones de las empresas hubieren pasado a manos mexicanas. En algunos casos especiales, se requería que el 66% pasara a manos mexicanas. Al quedar el control accionario en manos mexicanas, las concesiones se extenderían automáticamente. No tan sólo se estableció dicha limitación, sino que también se idearon instrumentos promotores de tipo fiscal, que reducían los impuestos directos de producción y exportación al quedar mayoritariamente las empresas en manos mexicanas que invirtieran en exploración y activos fijos.

Esta ley cumplió con su objetivo; para principio de los años 70, la minería mexicana había pasado a ser propiedad de mexicanos, era dirigida por ellos y su producción contribuyó considerablemente al desarrollo económico que el país requería. Es necesario reconocer que los objetivos sociales no se cumplieron del todo y surgieron otras deformaciones en el desarrollo económico y social que se manifiestan patentemente entre el final del 2º milenio y los primeros años del nuevo milenio.

La Administración del presidente Salinas reconoce la globalización de las economías y muy especialmente de la mundialización de la industria minería, ve la necesidad urgente de nuevos depósitos mineros, de capital y de tecnología para el desarrollo minero. Se decide una nueva política minera, consistente en la apertura y la competencia.

En vísperas a la firma del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, en septiembre de 1992 se publica una nueva ley minera. Esta ley ya no impone límite alguno en cuanto a la nacionalidad de la inversión minera y como consecuencia se apunta hacia México el capital de riesgo en exploración y de desarrollos mineros, junto con la más avanzada tecnología minera.

Transcurridos 20 años (1992 a 2012), de su promulgación, los resultados de esta nueva ley son un buen número descubrimientos, varios de ellos de calidad mundial, cientos de proyectos de exploración, decenas de nuevas minas y un sustancioso aumento en los volúmenes de producción minera.

La entrada en operación en marzo de 2010 de la mina Peñasquito en Zacatecas, representa un parteaguas para la minería mexicana. Esta operación, más las minas Los Filos, San Dimas y El Sauzal, colocan a Goldcorp, Inc., su propietaria, como el segundo productor minero de mayor importancia del país. Goldcorp nace como empresa minera-junior y crece en México adquiriendo y fusionando empresas mineras junior canadienses y de mexicanos.

Fue alentador y esperanzador el que prestigiadas instituciones en el tema minero a nivel internacional, consideren al territorio mexicano con un alto potencial geológico, y a la vez que haya espacio para que continúen dándose descubrimientos mineros en el 12% del territorio nacional que está concesionado y el (6%) asignado al Servicio Geológico Mexicano, para efectos de exploración y explotación minera, como también es posible que se genere éxito minero en buena parte del territorio que aún no se ha concesionado o asignado.

El crecimiento minero que México estuvo teniendo, fue producto de la riqueza geológica del territorio nacional que la naturaleza le brindo, de la legislación minera mexicana, el estado de derecho prevaleciente, de las políticas gubernamentales que los mexicanos han sabido darse, de empresas junior y de grandes empresas mineras que hace pocos años eran empresas-junior y de sus sociedades de origen. Las sociedades de otras Naciones están desarrollando a la minería mexicana. Nacionales mexicanos con el apoyo de esas sociedades han tenido éxito minero en México.

Inteligencia Minera