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Aunque el desempleo en Morelos disminuyó en términos brutos durante el primer trimestre de 2022, no obstante, los datos muestran que la mayoría de la población se ocupó, pero en el sector informal, con todo lo que ello implica. Según los resultados de la Encuesta Nacional de Desocupación y Empleo que aplica el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en cifras desestacionalizadas, en comparación con el último trimestre de 2021, el desempleó pasó de una tasa de 2.4 a 1.2 por ciento.

Es decir, entre octubre y diciembre de 2021 se hablaba de al menos 25 mil personas desocupadas en Morelos; cifra que se redujo a 15 mil personas para el mes de febrero pasado, pues la entidad aparece entonces con el 98.8 por ciento de personas ocupadas. Sin embargo, los mismos datos de la Encuesta señalan que el 65 por ciento de la población ocupada se dedica a la informalidad, eso tiene serias consecuencias para la economía.

La principal es la pauperización de la población, su empobrecimiento, porque si bien a través de la economía informal puede conseguir el sustento diario, pierde las prestaciones de ley, la seguridad social, la posibilidad de un retiro en el futuro, entre otras. Trabajar en la informalidad deja de lado el derecho a la protección frente a enfermedades o discapacidades y el derecho al futuro frente al retiro, imposible en la informalidad.

La segunda, que es menos personal y más social, es que la recaudación fiscal se reduce. Cuando la mayoría de la gente se dedica a la informalidad, es decir, a trabajar en espacios que no están regularizados en cuanto al ámbito fiscal, sanitario, licencias, etc., no hay tributación fiscal, lo que reduce la base de impuestos que, en una democracia ideal, se devuelven como servicios.

Si observamos la situación de los municipios en Morelos, la incapacidad de ofrecer servicios básicos dignos, debido a la falta de participaciones, de recaudación y a la propia corrupción que viven y cuyas consecuencias vienen arrastrando desde hace décadas de malos gobierno, el empleo informal de sus ciudadanos también contribuye a este proceso de empobrecimiento general.

A ello hay que sumarle la crisis económica que vivimos derivada del confinamiento provocado por la pandemia de covid-19, que ha traído consigo una inflación muy alta generalizada en el planeta, se refleja en un encarecimiento de la vida que profundiza aún más el empobrecimiento. Si bien el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha conseguido que se eleve el salario mínimo a niveles impensables hace unos años, esto ha sido opacado por el crecimiento incremento de los precios de productos básicos, la propia gasolina, entre otros.

Por ello, frente a este panorama, las pocas inversiones serias que se prevén son fundamentales para reactivar la economía y ralentizar el proceso de empobrecimiento o, incluso, meterle reversa para que no profundice en sus consecuencias. Un ejemplo muy importante, por el monto, el tiempo y el número de empleos directos e indirectos que se creará a partir de su arranque, es el proyecto Esperanza de la empresa Alamos Gold Inc, cuya subsidiaria Esperanza Silver de México lleva a cabo en la comunidad de Tetlama, en el municipio de Temixco, Morelos.

La zona es una de las más pobres de la entidad, por lo que le viene bien el proyecto que consiste en una inversión de 450 millones de dólares a lo largo de 10 años, lo que traerá consigo mil 500 empleos directos, es decir, el 10 por ciento de los empleos que hoy se requieren según la encuesta del Inegi. Además, creará otros 6 mil 500 empleos indirectos con los que se verán beneficiados directamente los habitantes de la comunidad.

Es decir, con estos ocho mil empleos, Esperanza cubriría hoy más de la mitad de las 15 mil personas desocupadas que hay en la entidad, según los datos de la Encuesta Nacional de Desocupación y Empleo. ¡Más de la mitad! A ello hay que sumarle el hecho de que la empresa promete que los sueldos y prestaciones de estas vacantes de trabajo garantizarán la reactivación económica y revertirán el proceso de empobrecimiento que viven esas zonas.

El proyecto Esperanza implica la intervención en una zona de la comunidad donde se ha detectado oro, plata y otros minerales, mismos que serán explotados con un nuevo sistema minero que resulta amable con el ambiente, respetando los estándares nacionales e internacionales y, sobre todo, cumpliendo con la legislación local, estatal y nacional.

Todavía no ha arrancado la intervención de la empresa y los beneficios ya se comienzan a ver en la comunidad con una serie de trabajos para beneficiar a la gente, así como la beca que se ha entregado a un grupo de personas para que concluyan sus estudios de nivel medio superior, entre otras. La inversión no ha arrancado, no porque no se tengan los permisos necesarios y suficientes, más bien porque justamente, en este nuevo paradigma minero que busca respetar el tejido social, se busca la creación de consensos entre todas las autoridades y la comunidad, mayoritariamente.

Proyectos como el de Esperanza, representan una luz al final del túnel que inició hace más de dos años y que ha tenido efectos profundos en la vida de las comunidades.