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Uriel Carmona Gándara fue nombrado primer fiscal autónomo de Morelos en 2018 por el Congreso de Morelos, a propuesta del entonces gobernador Graco Ramírez, por un periodo de nueve años. Ha sido señalado de tener nexos con el grupo político del exgobernador perredista e incluso, ha sido acusado de “proteger los intereses y funcionarios” del exmandatario.

Esas acusaciones han venido particularmente del gobernador actual Cuauhtémoc Blanco Bravo. Pero existen otros señalamientos, como el que salió de los llamados Guacamaya Papers, entre los que se encontró una investigación realizada por el Ejército mexicano y que concluyó con evidencia que apunta a nexos del fiscal con grupos del crimen organizado.

Es notario público y pertenece a una familia de notarios en Cuernavaca. Estudio derecho, licenciatura y maestría en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y según su semblanza oficial, tiene estudios de posgrado. Ha sido agente del Ministerio Público y secretario de Juzgado Federal.

Cuando Cuauhtémoc Blanco llegó a la gubernatura en octubre de 2018, de inmediato presentó varias denuncias contra el exgobernador Graco Ramírez y varios de quienes fueron sus colaboradores. Sin embargo, sólo cuatro de ellas se han judicializado, sin que hasta el momento haya personas sentenciadas. Sólo la exsecretaria de Obras Públicas, Patricia Izquierdo, ha pasado alrededor de dos meses en prisión preventiva, pero fue liberada.

De estos nulos resultados en las investigaciones, el gobernador ha culpado al fiscal Carmona Gándara, lo que ha provocado un conflicto. El gobernador ha buscado por varias vías tratar de destituir al fiscal, pero no le ha sido posible porque esa intención pasa por el Congreso local. Las dos legislaturas que le han tocado en su gobierno han sido adversas a Cuauhtémoc Blanco, ello ha impedido que el fiscal sea destituido.

Existen denuncias contra el fiscal Carmona Gándara en la Fiscalía General de la República (FGR), aunque no se tiene claridad de cuáles son los delitos que se le imputan. Sólo uno de ellos fue ventilado en el Congreso de la Unión, se trata del delito de ejercicio ilícito del servicio público, lo que dio inicio a un proceso de desafuero en contra de Carmona Gándara.

En diciembre de 2020, la FGR pidió desaforar al fiscal y destituirlo con el argumento de que habría cometido el delito de ejercicio ilícito del servicio público, dado que cuando fue designado en el cargo, en 2018, no tenía completos los exámenes de control de confianza, que son requisito para la función.

El Congreso de la Unión resolvió que los fiscales locales no contaban con fuero constitucional, por lo que era posible el procesamiento penal del funcionario. Sin embargo, el Congreso de Morelos, como tercer interesado, promovió una controversia constitucional, misma que permitió a Uriel Carmona continuar en el cargo. En marzo de 2022, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó que el funcionario tenía fuero.

La controversia llevó hasta la primera sala de la SCJN y el pasado 13 de julio se determinó que Uriel Carmona no puede ser procesado por la presunta comisión de delitos federales sin antes pasar por juicio de procedencia en el Congreso de Morelos. Con ello confirmó que el funcionario cuenta con fuero constitucional que lo protege de la persecución procesal del fuero común y federal.

Esto provocó que la presidencia de la República rechazara la determinación el pasado 13 de julio en un comunicado. “No aceptamos que impere la protección y la impunidad de las autoridades responsables de impartir justicia cuando está de por medio la seguridad y la protección de las y los ciudadanos”, expresó esta tarde la Presidencial a través de un comunicado.

El 27 de julio pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador salió a la defensa del gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo durante su conferencia de prensa mañanera. En medio de la defensa, retomó el asunto del fiscal Carmona Gándara al afirmar que el poder judicial está protegiendo a un personaje ligado a grupos del crimen.

Este viernes, el fiscal Uriel Carmona en entrevista radiofónica con Joaquín López Dóriga, aseguró que durante su administración ha tenido presiones del entonces secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández; del entonces consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra; y de Rabindranath Salazar Solorio, actual director de Política de la Presidencia.

Además de señalar que el propio Cuauhtémoc Blanco Bravo lo ha presionado, lo ha amenazado incluso de muerte a él y a su familia, como forma de presión para que deje el cargo. En el fondo, según ha dicho el fiscal en distintas entrevistas este viernes, están carpetas de investigación que existen en contra de Cuauhtémoc Blanco Bravo, por delitos graves y con el ataque al fiscal, el mandatario quiere evitar que haya un proceso en su contra.

La tarde de este viernes el fiscal Uriel Carmona Gándara se entregó a las autoridades de la Fiscalía de la Ciudad de México, luego fue trasladado a la capital del país e internado en el reclusorio sur, ubicado en la alcaldía Xochimilco, a la espera de que el juez defina su situación legal.