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A propuesta del diputado Alberto Sánchez Ortega, el pleno del Congreso del estado aprobó un punto de acuerdo parlamentario por el cual se exhorta al titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) a cumplir la recomendación de la Comisión de Derechos Humanos de Morelos (CDHM) para contar de forma permanente con traductores e intérpretes de lenguaje braille.

La propuesta del legislador, presidente de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, Migrantes y Personas con Discapacidad, es un llamado al funcionario en cuestión para cumplir el contenido de la recomendación derivada del expediente CDHM/SE/V3/061/182/2020.

Tal recomendación se refiere al caso sobre violación al derecho humano de las personas con discapacidad a ser beneficiadas con los ajustes razonables, así como a la legalidad y seguridad jurídica; y a contar de forma permanente con traductores e intérpretes en sistema de lenguaje braille.

Desde la tribuna legislativa, en sesión ordinaria, el también presidente de la Comisión de Justicia, Derechos Humanos y Atención a Víctimas, destacó la necesidad de que, cuando alguna persona con discapacidad intervenga como sujeto procesal o en cualquier calidad durante un procedimiento, tenga acceso a la justicia en igualdad de condiciones, y se le brinden los ajustes necesarios para ello, como contar con traductor de sistema braille para que le apoye.

El diputado Sánchez Ortega refirió la recomendación antes citada, dictada en el caso del C. José Jiménez Izquierdo, por el caso de la violación y agravio a sus derechos humanos, toda vez que acreditó violaciones a sus derechos de legalidad y seguridad jurídica en su modalidad de acceso a la justicia porque no le garantizaron una debida impartición de justicia y un juez resolvió que por la discapacidad visual de la víctima, debía tener un acompañamiento en braille, por lo que ordenó la reposición del procedimiento.

Dijo que estamos lejos de ser una sociedad de inclusión y estamos en deuda con las personas con discapacidad, pues existe una gran brecha de desigualdad que impide un verdadero ejercicio de sus derechos humanos y fundamentales.