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José Guadalupe “N”, exintegrante del grupo antisecuestros de la entonces Policía Judicial de Morelos, fue detenido por su probable responsabilidad en el delito de tortura, en una investigación que coincide con el caso de María Luisa Villanueva Márquez, quien permaneció 25 años en prisión acusada de un secuestro que sostiene no cometió.

La Agencia de Investigación Criminal (AIC) cumplimentó una orden de aprehensión contra el exagente, quien en 1998 formaba parte del grupo antisecuestros de la Procuraduría General de Justicia de Morelos.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado (FGE), José Guadalupe “N” es probable responsable de tortura contra una mujer detenida durante una investigación por secuestro. La institución no ha identificado públicamente a la víctima.

Sin embargo, los datos difundidos por la Fiscalía coinciden con el caso de Villanueva, detenida el 6 de enero de 1998, cuando tenía 23 años, y posteriormente sentenciada a 30 años de prisión por su presunta participación en un secuestro.

Durante años, Villanueva ha sostenido que fue víctima de una detención arbitraria, tortura y fabricación de pruebas para hacerla aparecer como responsable del delito.

Su defensa ha señalado que permaneció varios días bajo custodia de agentes antisecuestros antes de ser puesta a disposición del Ministerio Público y que durante ese periodo fue torturada y obligada a confesar un delito que asegura no haber cometido.

25 años en prisión

María Luisa Villanueva cumplió aproximadamente 25 años de una sentencia de 30 años en el penal de Atlacholoaya.

Su salida ocurrió en febrero de 2023, después de que obtuvo el beneficio de remisión parcial de la pena. La medida permitió su excarcelación antes de concluir formalmente la condena.

Villanueva, sin embargo, se negó inicialmente a abandonar el penal porque buscaba que su salida estuviera acompañada de un reconocimiento judicial de su inocencia y no de un beneficio relacionado con la reducción de la pena.

El 2 de febrero de 2023 fue sacada del área femenil por custodias, quienes la llevaron cargada hasta el exterior del penal.

Desde entonces, su lucha jurídica ha continuado con el objetivo de obtener el reconocimiento formal de su inocencia, la anulación de la sentencia y el esclarecimiento de las circunstancias que llevaron a su encarcelamiento.

Una investigación que llega 28 años después

Desde 2014, con el acompañamiento de su abogado Eutiquio Damián Santiago, Villanueva comenzó a impulsar acciones legales para esclarecer su detención y denunciar los actos de tortura que, asegura, sufrió durante los primeros días de su encarcelamiento.

Uno de los elementos de su defensa fue el Protocolo de Estambul, instrumento internacional empleado para documentar posibles casos de tortura. De acuerdo con su defensa, la evaluación realizada a Villanueva encontró secuelas compatibles con los actos que denunció.

En 2023, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos emitió una recomendación por violaciones graves a sus derechos humanos.

Dos años después, en 2025, la Fiscalía General del Estado ofreció una disculpa pública a Villanueva por actos cometidos en enero de 1998 por servidores públicos de la entonces Procuraduría General de Justicia. El documento oficial reconoce que aquellos servidores públicos vulneraron su integridad.

La disculpa, sin embargo, no ha significado el reconocimiento judicial de su inocencia.

En enero de 2024, una Sala del Tribunal Superior de Justicia de Morelos rechazó su solicitud de reconocimiento de inocencia. Posteriormente, la justicia federal concedió un amparo que ordenó reponer el procedimiento para revisar nuevamente los elementos relacionados con su petición.

En junio de 2026, el caso volvió a ser analizado por el Tribunal Superior de Justicia, que nuevamente negó el reconocimiento de inocencia y la anulación de la sentencia.

Villanueva anunció que continuaría su defensa ante otras instancias.

La detención de un exagente

En este contexto, la aprehensión de José Guadalupe “N” coloca nuevamente el caso frente a las autoridades judiciales.

La Fiscalía sostiene que el exagente, quien pertenecía al grupo antisecuestros cuando Villanueva fue detenida, es probable responsable de tortura contra una mujer durante aquella investigación.

La institución no ha confirmado que la víctima sea Villanueva. No obstante, la coincidencia entre las fechas, la corporación involucrada, el delito investigado y las circunstancias descritas por la Fiscalía vinculan la detención con uno de los principales reclamos de la defensa de la mujer.

Según la Fiscalía, las indagatorias apuntan a que el entonces agente habría torturado a una mujer con el propósito de obtener una confesión que la relacionara con un secuestro y que posteriormente derivó en una sentencia de 30 años de prisión.

El señalamiento resulta relevante debido a que la tortura constituye uno de los ejes centrales de la defensa de Villanueva desde hace años.

La Fiscalía Morelos también informó que durante los últimos 15 años no se había cumplimentado una orden de aprehensión por el delito de tortura, por lo que consideró relevante la captura del exagente.

El proceso apenas comienza

La detención de José Guadalupe “N” no implica que Villanueva haya obtenido el reconocimiento judicial de inocencia ni que el exagente haya sido declarado culpable.

Será un juez quien determine su situación jurídica y, en su caso, la responsabilidad que pudiera corresponderle.

Pero la aprehensión abre una nueva etapa en un caso que comenzó hace 28 años y que ha atravesado distintas instancias judiciales y de derechos humanos.

María Luisa Villanueva pasó aproximadamente 25 años en prisión. Desde su salida, ha mantenido su exigencia de que el Estado reconozca las violaciones a sus derechos humanos y revise las circunstancias que derivaron en su encarcelamiento.

Ahora, un exintegrante del grupo antisecuestros que operaba en Morelos en aquella época enfrenta una investigación por tortura.

Si las autoridades acreditan que José Guadalupe “N” participó en los actos denunciados por Villanueva, su proceso podría aportar nuevos elementos para esclarecer cómo se integró el expediente que terminó con una sentencia de 30 años de prisión.

La libertad de María Luisa llegó en 2023. El reconocimiento judicial de su inocencia aún está pendiente.