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El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, Morelos, Puebla, Tlaxcala denunció que, a cinco años del asesinato del activista, defensor del territorio y comunicador comunitario Samir Flores Soberanes, no hay avances en la investigación y siempre se ha desestimado como parte de las indagatorias su labor como opositor al Proyecto Integral Morelos (PIM).

Samir Flores fue un férreo defensor del territorio en Amilcingo, su pueblo, ubicado en el oriente de Morelos, perteneciente al municipio de Temoac, tierra con larga historia de defensa de sus derechos. Cuando se enteró en 2011 que un gasoducto pasaría por sus tierras y que se construirían dos termoeléctricas en la vecina comunidad de Huexca, en Yecapixtla, comenzó con una bocina y un micrófono una radio comunitaria.

Amilczinko se ha convertido, 12 años después, en uno de los instrumentos más importantes de resistencia en el oriente de Morelos. El gasoducto fue construido, una de las termoeléctricas también, pero no funcionan, la resistencia de los pueblos en el territorio y jurídicamente las mantienen como elefantes blancos. Sin embargo, la decisión de tres presidentes y tres gobernadores de imponer el PIM ha dejado sus saldos.

Sin importar el color partidista, la decisión de imponer el proyecto se hizo sin consultar a los pueblos. La oposición hizo que Jaime Domínguez de Jantetelco y Teresa Castellanos de Huexca, fueran hostigados como líderes del movimiento, detenidos, torturados física y psicológicamente. Con la llegada de Andrés Manuel López Obrador, quien en 2015 se había comprometido a cerrar la termoeléctrica, se tenía una esperanza.

Sin embargo, en enero de 2019, apenas un mes después de haber tomado posesión de la Presidencia, López Obrador reculó. Dijo que la inversión de 20 mil millones de pesos no podía tirarse a la basura. Utilizando una vara distinta a la que utilizó para cancelar el Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México en Texcoco, que costó mucho más que la termoeléctrica, en este caso dijo que tendría que respetarse la decisión de que el proyecto continuara.

Pidió un mes para dar “alternativas”. A principios de febrero de 2019 regresó al oriente de Morelos. Dijo que la termoeléctrica se haría a como diera lugar. Los gritos de los opositores lo interrumpieron en varias ocasiones: “Agua sí, termo no, agua sí, termo no”. Entre los manifestantes estaba Samir. López Obrador, colérico, acusó a quienes se manifestaban de ser “conservadores y radicales de derecha”.

El 20 de febrero de 2019, Samir se despertó a las 5 de la mañana, como siempre, para ir a la radio comunitaria y hacer su programa matutino de todos los días. Cuando se vestía fue llamado por alguien en la puerta de su casa. Salió y luego de hablar unos minutos fue ejecutado por las personas que le habían llamado. El crimen conmocionó a la entidad y al país. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional y el Congreso Nacional Indígena, del que Samir era consejero, lamentaron los hechos y llamaron a movilizaciones internacionales para exigir justicia. Cinco años después, nada.

La Fiscalía de Morelos presentó varias líneas de investigación del asesinato. La primera, que fue asesinado por un grupo del crimen organizado, el Comando Tlahuica. Es la línea que más ha privilegiado la Fiscalía, con base en una supuesta cartulina en la que ese grupo criminal se atribuía el asesinato. Sin embargo, la cartulina “desapareció”. El Frente de Pueblos niega la existencia de dicho cartel y asegura que es sólo un argumento para distraer el verdadero móvil del crimen.

La segunda línea de investigación tiene que ver con un juicio laboral que por 20 años había llevado Samir Flores contra el ayuntamiento de Temoac, donde laboró y del que fue despedido de manera arbitraria. La tercera tiene que ver con la lucha de Samir por crear una escuela comunitaria en un predio que generó confrontación con un grupo caciquil de la zona. Esa escuela finalmente se construyó y hoy lleva el nombre de Samir Flores, ya obtuvo el reconocimiento oficial.

La última línea es la que el Frente de Pueblos ha demandado que se explore. Se trata de aquella que tiene relación con la lucha en defensa del territorio de Samir Flores. Desde el 21 de febrero de 2019, en una conferencia de prensa, el fiscal de Morelos, Uriel Carmona Gándara declaró que el asesinato no tenía que ver con su lucha, sino que era obra del crimen organizado.

En la línea de investigación de la defensa del territorio, el Frente de Pueblos ha señalado el posible involucramiento de Hugo Erick Flores, líder y fundador del Partido Encuentro Social, en aquel momento delegado federal de programas sociales en Morelos, y principal promotor del PIM en la entidad. También, el propio gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, también promotor del PIM.

Sin embargo, nunca fueron citados a declarar, la investigación nunca avanzó en ese sentido. El 30 de septiembre de 2021 la Fiscalía presentó a una persona que ya estaba detenida y la acusó de ser quien asesinó a Samir. Fue identificado como Javier, alias Temalaco, vinculado a la dirigencia estatal del PT en Morelos, vinculado con el grupo criminal de Los Rojos. Aquí el Frente señala que si la cartulina supuestamente la dejó el cartel Tlahuica, porque el acusado y detenido pertenece a Los Rojos. Hay otras tres personas detenidas por el caso, pero están vinculadas al llamado grupo Los Aparicio.

En agosto pasado, el Frente de Pueblos logró que el caso fuera atraído por la Fiscalía Especial para la Atención a Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), de la Fiscalía General de la República (FGR). Con ello se reconoció que el crimen estaría relacionado con la función social de comunicador comunitario de Samir Flores. Sin embargo, seis meses después, el Frente reporta que no se ha celebrado ninguna audiencia para continuar con la investigación y la judicialización del caso.

En un comunicado hecho público este martes, el Frente de Pueblos advierte que existe una relación entre la decisión de imponer un megaproyecto como el PIM y la acción del crimen organizado. Aseguran que lo mismo ocurre en otros megaproyectos impulsados por el gobierno federal como el Corredor Interoceánico, el Tren Maya, la minería a cielo abierto, la disputa del territorio en Santa María Ostula, entre otros. “En algunos lugares ocupan grupos delictivos, en otros grupos de choque, en otros casos criminalización, intimidación, difamación, militarización, todo esto ha sucedido desde 2012 a la fecha en la lucha contra el PIM y sus proyectos conexos”, asegura el Frente.

Por ello, el Frente de Pueblos denunció que las fiscalías y el Poder Judicial “no ha querido ver, ni investigar” sobre el caso, por lo que “exigimos haga su trabajo, porque aunque no creemos más en este sistema de gobierno capitalista, exigimos y seguiremos exigiendo castigo a los responsables del asesinato de Samir, porque mientras estén en el poder o no, deben responder por lo que hicieron, sabemos que no van a querer responder, pero por eso debemos obligarlos a responder de manera civil y pacífica y una herramienta es la denuncia”.