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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió atar de manos al gobierno del estado de Morelos en el manejo de su presupuesto, pues confirmó la decisión del Congreso de Morelos de cancelar las libres transferencias entre rubros de parte del Ejecutivo y las sujetó a que éstas pasen por el pleno del Legislativo.

En otras palabras, regularmente, el gobierno del estado proponía un presupuesto y tenía la facultad de hacer transferencias a discreción entre diversos rubros según sus necesidades. Sin embargo, el Congreso local, en diciembre pasado, modificó diversas leyes para obligar al Ejecutivo a que dichas transferencias sólo sean posibles si son aprobadas por el Legislativo.

En el contexto actual, el Congreso de Morelos está dividido en dos bloques. Uno que le es fiel al gobernador, compuesto por cinco diputados; el otro que es opositor al Ejecutivo, con 15 legisladores. Con esto, las transferencias quedarán sujetas a una mayoría que le es adversa al gobierno de Cuauhtémoc Blanco Bravo.

La Suprema Corte resolvió la Controversia Constitucional 276/2022 promovida por el gobierno del estado en contra del paquete presupuestal 2023 que fue aprobado por el Congreso local en diciembre pasado. El gobierno impugnó la creación de un fondo especial de 500 millones de pesos creado por el Congreso y la facultad de hacer transferencias libres en el presupuesto.

El Ejecutivo celebró a través del secretario de Gobierno, Samuel Sotelo, la primera parte de la resolución, es decir, la desaparición del fondo de 500 millones de pesos asignados a obras públicas en varios municipios. El Ejecutivo argumentó que este fondo tenía tintes electorales. Sin embargo, las cosas quedarán como están, lo que significa que el 40 por ciento de ese fondo que ya se ejerció, se mantendrá así. Lo demás, unos 300 millones deberán ser reasignados por el Legislativo.

Más tarde, se supo que la Suprema Corte había dejado intacta la decisión del Congreso de Morelos de quitar a Cuauhtémoc Blanco la libre potestad de hacer trasferencias entre rubros de forma discrecional y obligarlo a pasar esas reasignaciones presupuestales sólo con el conocimiento y la aprobación de una mayoría legislativa. Ahí el gobierno reculó en un discreto comunicado en donde dice que está analizando los alcances del fallo de la Corte.

El presupuesto de Morelos para este año es de un poco más de 34 mil millones de pesos. Según cálculos del Congreso local, el gobierno de Cuauhtémoc Blanco Bravo hizo transferencias y libres reasignaciones al 50 por ciento del presupuesto local, unos 17 mil millones de pesos. El Legislativo morelense hizo valer su facultad de aprobación del presupuesto y con ello obligar al Ejecutivo a que cualquier cambio se haga con su aprobación, pues de otra manera, esa facultad quedaba anulada ante la libertad del Ejecutivo de reorganizar el 50 por ciento de dicho presupuesto año con año.

Durante el primer año de ejercicio de gobierno de Cuauhtémoc Blanco, el presupuesto que presentó para ser aprobado a finales de 2018 fue del orden de los 20 mil millones de pesos. Sin embargo, al final del año, con los recursos extraordinarios y excedentes, su administración manejó recursos por más de 30 mil millones de pesos. Nunca quedó claro cómo se utilizaron esos 10 mil millones de pesos sobre los que sólo el Ejecutivo tuvo claro la decisión de ejercerlos.