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“Por la memoria de quienes nos faltan, por el consuelo de las familias que no se rinden y por el derecho a la seguridad de la juventud morelense”, la diputada Tania Valentina Rodríguez Ruiz presentó iniciativa para facultar y obligar a los presidentes municipales a dejar de ser “espectadores mudos o lejanos ante el dolor de sus vecinos”, ya que, en la búsqueda de una persona, las primeras horas son la diferencia entre la vida y la muerte y los ayuntamientos son el primer contacto con la ciudadanía, los primeros respondientes. 

El propósito de la propuesta presentada a nombre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (PT), que adiciona la fracción XLII al artículo 41 y la fracción XI al artículo 42 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, no es pedir que los alcaldes sustituyan a las fiscalías ni a las comisiones especializadas, sino exigir que no le den la espalda a su gente, que abran las puertas de la policía municipal, del DIF, de la logística local y que se sumen de inmediato a la búsqueda cuando una familia los necesite, precisó la legisladora ante el pleno del Congreso.

“Detrás de cada cifra que voy a citar hoy en esta tribuna, hay una cama vacía. Hay una madre que no duerme. Hay una mesa puesta donde falta una hija, un hijo, un hermano o un padre. La desaparición de personas no es solo un indicador estadístico ni un concepto abstracto de la ley; es una herida abierta en la carne de nuestra patria y en el corazón de Morelos”.

Refirió que, a nivel nacional más de 121,000 personas se encuentran desaparecidas y no localizadas y Morelos, lamentablemente, no es ajeno a este dolor, ya que, al corte de las mediciones del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia y de México Evalúa, en nuestra entidad se contabilizan más de 2,020 personas desaparecidas y no localizadas, de las cuales siete de cada diez son hombres principalmente jóvenes de 20 a 25 años y en el caso de las mujeres, el 27% de son adolescentes de tan solo 15 a 19 años.

Reveló que los casos ocurren en su mayoría en Cuernavaca, seguida de Cuautla, Temixco, Jiutepec y Yautepec y que, “cuando una familia desesperada acude al ayuntamiento o cuando la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas llega a un municipio a desplegar un operativo urgente, con frecuencia nos topamos con un muro: la falta de una obligación clara y expresa en la norma local. Escuchamos pretextos como "no es mi competencia", "a mí no me corresponde", o peor aún, burocracia que frena la difusión inmediata de cédulas, la logística o el auxilio territorial”. 

Pidió el respaldo de sus homólogos para que ningún presidente municipal vuelva a excusarse en el vacío de la ley para ser indiferente ante la desesperación, en el entendido de que legislar para buscar no es un asunto partidista; es un deber moral y constitucional de derechos humanos. 

La iniciativa no implica ningún impacto presupuestal, “se trata de voluntad política, de orden normativo y de corresponsabilidad humana y legal”, puntualizó Tania Valentina al exponer que consiste en adicionar la fracción XLII al artículo 41 para establecer con absoluta claridad como una facultad y obligación directas de los presidentes municipales el coadyuvar de manera activa con las autoridades federales, estatales y con la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas en la implementación de las acciones, medidas y procedimientos de localización. 

También, adicionar la fracción XI al artículo 42, para fijarles una prohibición expresa: no podrán, bajo ninguna circunstancia, obstaculizar las acciones, medidas y procedimientos de búsqueda y localización que realicen las autoridades competentes en su territorio. La iniciativa fue turnada a comisiones legislativas para su análisis y dictamen.