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Como parte de su agenda legislativa y de su compromiso con el bienestar animal, la diputada Andrea Gordillo Vega, integrante del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, presentó una iniciativa de reforma al artículo 11 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Morelos, con el objetivo de impedir que personas condenadas por delitos de maltrato o crueldad animal puedan ser candidatas a cargos de elección popular.

Desde la tribuna del Congreso del Estado de Morelos, la legisladora señaló que el respeto por la vida y la integridad debe reflejarse también en el servicio público, y que quienes aspiren a representar a la ciudadanía deben cumplir no solo con requisitos legales, sino con estándares mínimos de idoneidad ética.

Gordillo Vega explicó que esta propuesta sigue la misma lógica de las restricciones ya existentes para personas sentenciadas por violencia familiar, delitos sexuales, violencia política contra las mujeres o incumplimiento de obligaciones alimentarias, las cuales —subrayó— no constituyen castigos adicionales, sino filtros éticos que protegen la dignidad del servicio público.

“La violencia contra los animales no es una conducta menor. Es una forma de violencia que la ley ya reconoce como delito y que, además, está relacionada con otras expresiones de violencia social”, afirmó la diputada, al destacar que diversos estudios han demostrado la correlación entre la crueldad animal y la violencia interpersonal.

La iniciativa establece que la inelegibilidad aplicará únicamente en casos donde exista sentencia firme o reconocimiento de responsabilidad penal, garantizando el debido proceso, la certeza jurídica y evitando cualquier tipo de arbitrariedad o señalamiento sin sustento legal.

Finalmente, Gordillo Vega señaló que esta reforma envía un mensaje claro a la sociedad: el poder público debe estar en manos de personas que respeten la vida, la legalidad y la integridad, y que el servicio público no puede ni debe ser un refugio para la violencia. “Proteger a los animales también es proteger el tejido social y elevar el estándar ético de quienes aspiran a gobernar”, concluyó.