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Tras recibir la votación aprobatoria de 24 de 36 municipios en el estado de Morelos para implementar la revocación de mandato en la entidad, el legislador Daniel Martínez Terrazas, presidente de la Junta Política y de Gobierno, instó a las y los diputados integrantes de la LVI Legislatura a realizar la declaratoria correspondiente, ya que “no es un mecanismo contra ningún partido ni contra ninguna persona, es un instrumento democrático que fortalece la rendición de cuentas y reconoce que el poder público pertenece a la ciudadanía, no a quienes temporalmente lo ejercen en el poder".

Durante una rueda de prensa que se llevó a cabo esta mañana en el Salón de Comisiones del recinto legislativo, y donde también participaron las y los diputados Andrea Valentina Gordillo Vega y Gerardo Abarca Peña, integrantes del Grupo Parlamentario del PAN; Tania Valentina Rodríguez Ruíz y Alberto Sánchez Ortega, del Grupo Parlamentario del PT; Luz Dary Quevedo Maldonado, coordinadora del la Fracción Parlamentaria del Partido MC; y Eleonor Martínez Gómez, coordinadora de la Fracción Parlamentaria del PRI; el diputado resaltó que “no estamos pidiendo favorecer a un partido político, ni que se perjudique a un gobierno en turno, estamos exigiendo que se respete la ley y la Constitución y que se garantice a las y los morelenses el derecho de su participación política”.

En el uso de la voz, Martínez Terrazas señaló que existe resistencia de los legisladores de Morena para emitir la declaratoria correspondiente para que la revocación de mandato sea una realidad en Morelos, bajo la argucia de que diez de los municipios una vez emitido su voto a favor de la reforma constitucional, posteriormente comunicaron a este Congreso la intención de modificar el mismo, por lo que expresó: “¿No eran ustedes quienes decían que el pueblo pone y el pueblo quita?

Previo a la sesión ordinaria que tuvo lugar este día, el diputado coordinador de la bancada de Acción Nacional, reafirmó su posicionamiento y argumentó que los procedimientos constitucionales no pueden quedar sujetos a ningún cambio de voluntad, ya que el artículo 147 de la Constitución, establece el procedimiento claro para aprobar reformas constitucionales y contempla que una vez alcanzada la aprobación de las dos terceras partes de los ayuntamientos corresponde a este Congreso realizar el cómputo y emitir la declaratoria.

En este sentido, expresó que el voto municipal se ejerce por única ocasión y que la participación de los ayuntamientos en el procedimiento de reforma constitucional constituye una facultad específica, que se agota al emitir y comunicar formalmente a este Congreso; en consecuencia, puede sostenerse que dicho voto adquiere definitividad y no puede modificarse posteriormente

Asimismo, refirió que el artículo 32 de la Ley Orgánica Municipal, señala que este precepto establece que los ayuntamientos únicamente podrán revocar sus acuerdos cuando: “se hayan dictado en contraversión a la Ley, que no es el caso; que lo exija el interés público, que tampoco es el caso; o que hayan desaparecido las causas que lo motivaron, que tampoco es el caso”.

Finalmente, Martínez Terrazas pidió respeto a la Constitución y que el Congreso no permita que interpretaciones discrecionales o una decisión política desde el Gobierno termine por bloquear un procedimiento que es constitucional.