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El diputado Alberto Sánchez Ortega presentó en sesión ordinaria celebrada este jueves, un punto de acuerdo que fue aprobado por el Pleno y está dirigido al Titular del Poder Ejecutivo, Secretarías de Salud y de Bienestar, y a sus dependencias Servicios de Salud, Unidad de Beneficencia Pública Estatal, Sistema para el DIF Morelos y sus 36 Sistemas DIF municipales en la entidad, a revisar cualquier requisito que condicione, discrimine, limite o excluya el acceso a servicios, apoyos funcionales para la movilidad, ayudas técnicas y o aparatos ortopédicos a personas con discapacidad y adultos mayores.

Al hacer uso de la tribuna, señaló que existen diversas y constantes quejas de grupos vulnerables que señalan que, en los 36 municipios de Morelos y en dependencias dedicadas a la asistencia social —como el DIF Estatal y los DIF municipales, la Beneficencia Pública que dependen de las Secretarías de Salud y Bienestar— siguen mantenido barreras administrativas y cargas económicas desproporcionadas que excluye directamente a personas con discapacidad y personas adultas mayores.

El presidente de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables y Personas con Discapacidad, señaló que barreras como límites de edad y criterios por enfermedad, cargas económicas abusivas y trámites gravosos y onerosos, son prácticas que violan flagrantemente el parámetro de regularidad constitucional.

Resaltó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó la inconstitucionalidad de denegar apoyos funcionales basándose en diagnósticos crónicos; prohibió fijar límites máximos de edad en programas de rehabilitación e insumos de salud, condenando categóricamente el "edadismo", y estableció la primacía de la prescripción médica y la obligación de aplicar siempre una estricta "perspectiva de persona mayor".

A través de su exhorto, Sánchez Ortega pide revisar, armonizar, eliminar y modificar, en sus reglamentos, lineamientos, criterios de elegibilidad y reglas de operación, cualquier requisito, procedimiento administrativo o cobro u cuota, que condicione, discrimine, limite o excluya el acceso a servicios, apoyos funcionales para la movilidad, ayudas técnicas y o aparatos ortopédicos, a personas con discapacidad y adultos mayores, por motivos de edad o condición de salud, en cumplimiento con los principios de igualdad y no discriminación.

En el Salón de Plenos, al que acudieron integrantes de las organizaciones civiles Nueva Vida para la Discapacidad, Inclusión y la Diversidad; Red de familias Trisomía 21 Morelos; Alianza Morelense de Organizaciones a Favor de los Derechos de las Personas con Discapacidad; colectivo Alas de Metal con sede en el Congreso de Morelos; e integrantes de Productores y Artesanos de Morelos para el Mundo, el legislador resaltó que la salud y la inclusión no son dádivas o favores administrativos: “son derechos humanos fundamentales que este Congreso está obligado a tutelar y garantizar”.