Compartir la nota por:

En conferencia de prensa en el Salón Bicentenario de la sede del Poder Ejecutivo, el secretario de Gobierno, Edgar Maldonado, rechazó los hechos registrados durante las movilizaciones de este miércoles 23 de septiembre, en las que participaron diversos actores vinculados con el Partido del Trabajo (PT), al señalar que el ejercicio de la libre expresión no puede traducirse en actos que vulneren las garantías de terceros ni alteren el desarrollo de la vida pública.

Acompañado por el subsecretario de Gobierno, Miguel Ángel Peláez Gerardo, y Raúl Vergara Mireles, representante de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) en Morelos, el funcionario estatal se refirió a los bloqueos realizados en distintas vialidades de Cuernavaca y la autopista México-Acapulco, así como al cierre con cadenas y candados de los accesos a Palacio de Gobierno mientras trabajadores y ciudadanos permanecían en el interior.

El responsable de la política interna sostuvo que expresar inconformidades forma parte de una sociedad democrática; sin embargo, indicó que impedir el libre tránsito, obstaculizar las actividades laborales y limitar el acceso a oficinas gubernamentales rebasa el ejercicio legítimo de una protesta y afecta directamente a quienes son ajenos a cualquier diferencia política.

“Manifestarse sí constituye un derecho, pero generar temor, impedir la libertad de las personas y afectar a la ciudadanía, eso no es un derecho”, afirmó.

Asimismo, puntualizó que los desacuerdos políticos y sociales deben procesarse por las vías democráticas y dentro del marco legal, con responsabilidad y respeto a terceros, sin recurrir a medidas de presión que repercutan en la sociedad o interfieran con las labores de la administración pública.

El secretario de Gobierno subrayó que quienes forman parte del servicio público tienen la responsabilidad de atender y proteger a la población, por lo que el Poder Ejecutivo actuará con firmeza para preservar la gobernabilidad, garantizar la continuidad de los servicios y salvaguardar los derechos de todas y todos.

Finalmente, refirió que, cualquier hecho que pudiera constituir una responsabilidad legal deberá ser investigado por las autoridades competentes, que determinarán lo conducente conforme a derecho.