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Más de 50 personas físicas y morales están señaladas en denuncias presentadas ante la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntos actos ilícitos en el Instituto Nacional Electoral (INE). Entre los señalados figuran familiares directos de Guadalupe Taddei, expresidenta del organismo, el contratista Alfredo Hernández Casillas y empresas proveedoras de materiales electorales, de acuerdo con información publicada por La Jornada.

Los señalamientos forman parte de 15 carpetas de investigación a cargo de las fiscalías especializadas en materia de Delincuencia Organizada, Contra la Corrupción y de Control Regional.

Según fuentes de la FGR citadas por el diario, las diligencias realizadas en la Torre Zafiro, donde se encuentran las oficinas de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios del INE, así como en la Secretaría General del organismo, derivaron de los elementos incluidos en las denuncias.

Durante las revisiones, efectuadas entre las 10:00 horas del miércoles y las 6:00 horas del jueves, fueron recopilados documentos y asegurada información digital almacenada en equipos de las instalaciones.

Las denuncias fueron presentadas por representantes del PRI y del PAN, el Órgano Interno de Control del INE, ciudadanas y la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Seis de las querellas corresponden al órgano interno de control, según las fuentes consultadas.

La información señala que las diligencias no se realizaron por instrucción ni bajo control judicial, aunque contaron con el aval y la supervisión de funcionarios del INE. De acuerdo con las fuentes de la Fiscalía, estas condiciones buscan dar legitimidad a los documentos y materiales obtenidos para su eventual presentación ante un juez.

Las carpetas contienen señalamientos contra distintas personas físicas y morales. Las fuentes indicaron que en la mayoría aparecen familiares directos de Taddei y de Hernández Casillas, aunque sus identidades permanecerán bajo reserva mientras avanzan las investigaciones.

Hasta el momento, los señalamientos corresponden a personas y empresas mencionadas en denuncias y no representan una determinación judicial de responsabilidad.