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El alcalde pidió vigilar la promoción política colocada en árboles y postes; advirtió que el Ayuntamiento también puede aplicar multas por daños al medio ambiente.

El presidente municipal de Cuernavaca, José Luis Urióstegui Salgado, pidió al Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac) intervenir y sancionar a los aspirantes a cargos de elección popular que presuntamente adelantan su promoción política mediante propaganda colocada en árboles y postes.

El edil señaló que el organismo electoral debe establecer reglas claras y vigilar su cumplimiento, pues algunos actores políticos ya difunden sus aspiraciones antes del inicio formal de las precampañas, conducta que, sostuvo, puede contravenir las disposiciones electorales.

Indicó que corresponde al Impepac revisar los posibles actos anticipados de promoción y determinar las sanciones que procedan. Sin embargo, precisó que el gobierno municipal también tiene atribuciones para intervenir cuando la propaganda se coloca en espacios públicos y ocasiona daños al entorno.

En ese sentido, explicó que la Fiscalía Ambiental y la Secretaría del Ayuntamiento pueden actuar e imponer las multas correspondientes por la colocación de materiales en árboles. Agregó que las autoridades municipales pueden iniciar procedimientos de oficio o atender las denuncias que presente la ciudadanía.

Urióstegui Salgado diferenció las responsabilidades de ambas instancias: mientras el Ayuntamiento puede intervenir por las infracciones relacionadas con el uso de espacios públicos y las afectaciones ambientales, la fiscalización de posibles actos anticipados de promoción política corresponde al órgano electoral.

En otro asunto, el alcalde informó que el Ayuntamiento mantiene avances en el cumplimiento de sus obligaciones laborales y administrativas. Aseguró que actualmente no existe una resolución del Tribunal de Justicia Administrativa que obligue al municipio a realizar pagos mediante medidas de apremio.

Sobre los litigios laborales, reconoció que existen más de 300 procedimientos en curso, aunque aclaró que no todos cuentan con una resolución definitiva. Explicó que, cuando un laudo queda firme, el gobierno municipal busca cubrir los adeudos y, en algunos casos, establecer acuerdos con los trabajadores.

Añadió que, cuando se agotan los recursos legales para impugnar una resolución y esta permanece vigente, el Ayuntamiento debe cumplir con el pago correspondiente, sin esperar a que los demandantes promuevan nuevos requerimientos judiciales.