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Con el objetivo de fortalecer la protección de los derechos humanos y evitar que la falta de documentos sea utilizada como pretexto para discriminar o negar servicios básicos, la diputada Nayla Carolina Ruiz Rodríguez presentó una iniciativa para reformar el artículo 12 de la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación en el Estado de Morelos, en materia de protección a personas migrantes.

Durante su intervención en tribuna, la legisladora señaló que en Morelos muchas personas migrantes enfrentan actos de discriminación, abuso y estigmatización relacionados con su origen, idioma, apariencia o situación migratoria, lo que en ocasiones les impide acceder a servicios básicos como atención médica, educación o justicia.

Ruiz Rodríguez explicó que su propuesta busca establecer con mayor claridad que la falta de documentos de identidad o la situación migratoria irregular no puede ser utilizada como excusa para negar derechos o servicios, ni por autoridades ni por particulares.

Asimismo, destacó que la reforma pretende fortalecer las obligaciones del Estado para impulsar programas y acciones que permitan la integración y protección de las personas migrantes mientras permanezcan en territorio morelense, evitando que sean víctimas de abusos o prácticas discriminatorias.

La diputada también subrayó que Morelos es un punto de tránsito y destino para personas provenientes de otros estados y países, además de que actualmente muchos morelenses regresan al estado tras vivir en el extranjero, particularmente en Estados Unidos, por lo que resulta indispensable garantizar condiciones de respeto e inclusión.

Indicó que la ausencia de una protección clara genera que muchas personas migrantes vivan con temor constante, lo que incluso provoca que no denuncien delitos como robos o agresiones por miedo a ser extorsionadas o sancionadas por su situación documental.

Finalmente, la legisladora afirmó que el objetivo de esta iniciativa es contribuir a que Morelos sea un estado solidario, incluyente y respetuoso de la dignidad humana, donde ninguna persona sea discriminada por su origen o condición migratoria y donde las instituciones estén obligadas a garantizar un trato digno y acceso efectivo a sus derechos.