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Dos días después de que el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo presentó su solicitud de licencia para separarse del cargo y así cumplir la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que lo obligó a hacerlo para poder competir por una diputación federal plurinominal, el Legislativo morelense luce vacío.

La licencia debe ser aprobada antes de las 23:59 horas del próximo miércoles 3 de abril de 2024, pero antes de que la decisión pase al pleno, la Junta Política y de Gobierno debe sesionar y dictaminar la licencia para luego ser aprobada o desechada por al menos 14 legisladores, lo que conforma la mayoría calificada, dos tercios del total de diputados.

Pero este proceso ocurre en medio de la Semana Santa, y tradicionalmente los poderes públicos de Morelos suspenden la mayoría de sus actividades, pero también, en medio el inicio formal de las campañas electorales a la gubernatura, mismas que comenzarán el próximo domingo 31 de marzo. En estos días, los partidos políticos velan armas para arrancar con todo.

Del Legislativo no ha salido información oficial respecto a cuándo sesionará la Junta o en qué terminos se discute la solicitud. El Congreso local está conformado por 20 diputados, 12 de mayoría y ocho plurinominales, que aún cuando representaban a siete partidos que obtuvieron curul en la elección de 2021, hoy se ha reconfigurado rumbo a las elecciones.

Actualmente, siete legisladores son de Morena; cinco del PAN; dos de Movimiento Ciudadano; uno de cada uno de las siguientes fuerzas: PRI, Partido del Trabajo, Nueva Alianza, Redes Sociales Progresistas (RSP), Morelos Progresa y una independiente. De ellos, el gobernador sólo cuenta con el apoyo de cinco diputados: tres de Morena, una de RSP y la independiente.

Así que en caso de querer negar la licencia, los legisladores opositores cuentan con votos de sobra para rechazarla. Con ello, obligarían al gobernador a acudir a la justicia electoral federal, a través de un juicio para la protección de los derechos del ciudadano, mismo que seguramente ganaría, porque regularmente el Tribunal coloca los derechos individuales sobre los colectivos.

Aún así, fuentes del Congreso local han confirmado que sí se busca “encarecer” más la licencia y pasarle a Morena todo el costo político que implica la decisión de darle candidatura y fuero al mandatario. Por ello, es prácticamente un hecho que se discuta la licencia hasta la próxima semana, ya con las campañas electorales en marcha.

De ser así, la información extraoficial marca el martes como día para que sesione la Junta Política y de Gobierno. Luego se convocaría al pleno en el límite, el miércoles y después, la licencia se negaría. Esta misma semana, tanto los dirigentes de la coalición opositora al gobierno, que incluye PRI, PRD, PAN y Redes Sociales Progresistas, han hecho un llamado a sus diputados a no aprobar la licencia.

La misma candidata a la gubernatura de la coalición Dignidad y Seguridad por Morelos, Vamos Todos, Lucía Meza Guzmán, ha pedido “respetuosamente” a los legisladores que no den la licencia a Blanco Bravo, pues “es necesario que entregue cuentas a la ciudadanía”. Esos llamados dejan ver el alineamiento de las fuerzas opositoras para que la licencia siga jugando un papel en las campañas.

Con ello se buscaría extender el asunto al alargar el proceso en el juicio de derechos del ciudadano, como parte de la discusión de la campaña electoral, tratando de cargar el costo a Morena y a su candidata, la exdirectora de la Lotería Nacional y exsecretaria de Turismo y Cultura de este gobierno en Morelos, Margarita González Saravia.

De hecho, la aspirante tuvo que salir a deslindarse del exfutbolista este miércoles en una conferencia de prensa, cuando afirmó que “cada quien tiene que hacerse responsable de su gobierno. Yo sólo me haré responsable de mi gobierno. El gobernador debe asumir sus decisiones, como lo hizo Graco (Ramírez), (Marco) Adame, y todos los demás”. Y es que mientras Morena sigue arriba en las encuestas, Cuauhtémoc Blanco sigue siendo el gobernador peor evaluado del país.