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Diputadas y diputados recibieron a Asociaciones de abogadas y abogados, quienes les entregaron un oficio en el que manifiestan su preocupación por la inseguridad que se vive en la entidad.

En el documento, suscrito por al menos una decena de asociaciones, las y los profesionales del derecho hacen un llamado “a los tres poderes de Morelos para que acuerden acciones en conjunto para hacer frente a la crisis de inseguridad, procuración e impartición de justicia que diariamente aquejan la vida de las y los morelenses”. 

En este mismo sentido, acotaron que uno de los temas más preocupantes es el caso del asesinato de los tres jóvenes encontrados en Huitzilac, “homicidios que siguen impunes en el estado”, y deploraron además que la inseguridad se incremente día a día, “matando a ciudadanos y también, a abogados del estado”.

Finalmente, en el texto se hace referencia en torno a que “miembros de estas asociaciones han sido amenazados e incluso asesinados”, por lo que temen por su propia seguridad, ya que incluso como parte de las amenazas, han quemado sus despachos como el caso más reciente que ocurriera en Cuautla.

En este mismo sentido, las y los diputados puntualizaron que uno de los grandes problemas en el tema de la prevención de la seguridad es la baja participación de la ciudadanía para convertirse en policías, además de los bajos sueldos y las pobres prestaciones y finalmente manifestaron de manera unánime que es urgente “fortalecer a las instituciones”.

En tanto, a nombre las diversas asociaciones, Luis Ignacio Reyes Andraca, presidente de la Nueva Asociación de Abogados Morelenses para México, del Colegio de Abogados, se refirió, entre otros, al tema más importante que les preocupa a los abogados, que es precisamente el de la inseguridad que escala día con día en la entidad.

Cabe mencionar que las y los diputados atendieron las peticiones de los presentes y señalaron que se organizarán “las mesas de trabajo correspondientes” además de atender la solicitud escrita que fue entregada; ya que también se sumaron a la exigencia por la inseguridad que le corresponde al Poder Ejecutivo, tanto que también los legisladores han sido víctimas de hechos violentos como el asesinato de la diputada Gabriela Marín.