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Con base al procedimiento que el Ejecutivo Estatal a través de la Secretaría de Gobierno llevó a cabo de manera clara, transparente y abierta, la gobernadora Margarita González Saravia determinó que Oscar Alfredo Valdepeña Mendoza, será quien ocupe la titularidad de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos, a partir de este viernes 03 de enero de 2025.

Lo anterior, tras cumplir con las bases de consulta que fueron publicadas en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” el pasado 27 de noviembre de 2024 y que la última etapa de entrevistas, que fue pública, abierta y contó con la participación de colectivos de víctimas, y organización civil.

Oscar Alfredo Valdepeña Mendoza, es una persona académicamente acreditada y con una trayectoria amplia en el servicio público, estrechamente vinculada al fomento y protección de los derechos humanos, particularmente con asuntos relacionados a la búsqueda de personas, lo que lo hace la persona idónea para ocupar la titularidad de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos.

Valdepeña Mendoza es Licenciado en Derecho y tiene estudios de posgrado en Derecho Penal con énfasis en Juicios Adversariales, grados académicos que se relacionan directamente con la columna vertebral de los objetivos de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, y la Ley de Búsqueda de Personas para el Estado de Morelos.

Así como de la normatividad internacional y diversa nacional inherente que exige garantizar el respeto y la promoción de los derechos humanos, particularmente en esta sensible actividad de búsqueda de personas, derivada de su desaparición.

El Gobierno del Estado confía que con esta designación, se garantizará la protección integral de los derechos de las personas desaparecidas hasta que se conozca su destino o paradero; atención, asistencia, protección y, en su caso, la reparación integral y las garantías de no repetición.

Además, se fortalecerá la colaboración efectiva con las instituciones del sector público y privado, así como los familiares de las víctimas y colectivos.