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El Congreso de Morelos cuenta con un plazo de 180 días para adecuar el marco jurídico del estado a la nueva Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral, publicada el pasado viernes 23 de octubre en el Diario Oficial de la Federación y vigente a este sábado 24. A la par del inicio de este período, legisladores de oposición alertaron sobre un posible incremento generalizado en el impuesto predial.

El decreto federal impone a las legislaturas locales la obligación de modificar sus leyes y asegurar los recursos necesarios dentro de sus presupuestos y leyes de egresos para poner en marcha la regulación. De acuerdo con el artículo sexto transitorio, los cambios legales deben quedar listos dentro de los 180 días posteriores a la entrada en vigor, mientras que los gobiernos estatales y municipales cuentan con 180 días hábiles para ejecutar las acciones que permitan armonizar sus normativas, respetando los plazos nacionales para la simplificación de trámites.

La legislación se compone de 45 artículos y ocho transitorios, otorgando atribuciones clave a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones del gobierno federal. Dicha dependencia será la responsable de diseñar los planos nacionales catastrales y registrales, homologar trámites y servicios, así como habilitar, operar y actualizar la Plataforma Catastral Municipal y asegurar su vinculación con la Plataforma de Registros Públicos de la Propiedad.

Asimismo, la dependencia federal capacitará a las autoridades locales para implementar la Clave Única Catastral y la Cédula Única Catastral y Registral. La normativa marca que las plataformas y modelos deberán ser adoptados por los estados y municipios a más tardar el 31 de diciembre de 2026, para entrar en funcionamiento obligatorio el 1 de enero de 2027. Para ello, la Agencia cuenta con un límite de 30 días hábiles para emitir los lineamientos correspondientes, coordinarse con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y poner a punto los sistemas digitales.

El punto central del debate legislativo radica en el tema presupuestal: el decreto prohíbe autorizar recursos extraordinarios o incrementar partidas para operación y personal, obligando a estados y ayuntamientos a financiar toda la modernización con el presupuesto que ya tienen asignado. Aunque la iniciativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum busca simplificar trámites y modernizar los sistemas de registro, la oposición sostuvo que la falta de financiamiento obligará a los ayuntamientos a subir el predial para cubrir los gastos de operación, además de vulnerar la autonomía de los municipios.

Ante este panorama, el Congreso de Morelos y los ayuntamientos de la entidad deberán iniciar de inmediato los ajustes técnicos, presupuestales y jurídicos para aplicar la disposición federal en el tiempo establecido.