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Las presuntas irregularidades en la contratación y justificación de obras públicas durante el gobierno de Cuauhtémoc Blanco alcanzaron a Jaime Juárez López, exdirector de la Comisión Estatal del Agua (Ceagua), contra quien la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF) presentó dos denuncias penales ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.

El titular de la ESAF, José Blas Cuevas Díaz, informó que las acciones legales derivaron de anomalías detectadas en licitaciones y procedimientos de contratación correspondientes a las cuentas públicas de 2022 y 2023. Precisó que la primera denuncia se presentó hace aproximadamente un año y la segunda entre siete y ocho meses atrás.

El auditor explicó que las contrataciones observadas no reunieron los requisitos legales para acreditar la información ni justificar el gasto. Agregó que los expedientes corresponden a obras públicas y que los montos involucrados ascienden a varios millones de pesos.

Las revisiones abarcan el periodo en que Jaime Juárez López y Moisés “N” estuvieron al frente de Ceagua, por lo que las observaciones también involucran la gestión del segundo exfuncionario.

Cuevas Díaz añadió que la ESAF mantiene en proceso la fiscalización de la cuenta pública 2024 y que Juárez López ya fue notificado para responder las observaciones correspondientes a su último periodo como titular del organismo. El exfuncionario, quien posteriormente buscó sin éxito candidaturas de Morena a la gubernatura, la alcaldía de Cuernavaca y una diputación local, actualmente se desempeña como enlace entre el Gobierno y la sociedad para el Plan Cuautla.

Por otra parte, el auditor señaló que existen 96 millones de pesos sujetos a aclaración, correspondientes a observaciones de la auditoría especial de 2021 a 2023. A esta cantidad se suman más de 18 millones de pesos relacionados con denuncias presentadas en 2026 y otros expedientes y conceptos.

Entre las observaciones se encuentran posibles irregularidades en la aplicación y comprobación de recursos públicos, falta de justificación de gastos y anomalías en licitaciones y adjudicaciones de obras hidráulicas. La determinación de responsabilidades y posibles sanciones corresponderá a la Fiscalía Anticorrupción y a las autoridades judiciales.