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El Congreso de Morelos aprobó cambios a la ley que regula las atribuciones de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción. - Foto: Especial

Ajusta Congreso facultades de la Secretaría Ejecutiva Anticorrupción

La reforma modifica los artículos 31 y 37 de la ley estatal, pero no resuelve la designación de un titular definitivo, por lo que el organismo seguirá bajo un encargado de despacho.

Por: Masiosare, Visitas: 18335

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Mientras la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Morelos continúa sin un titular definitivo, el Congreso local aprobó modificaciones a la ley que regula las atribuciones de quien debe dirigir este organismo.

 

La iniciativa fue presentada por el diputado Alberto Sánchez Ortega, del Partido del Trabajo, a solicitud de la propia Secretaría Técnica Temporal, mediante el oficio SESAEM/ST/0027/2026.

 

Los cambios aprobados corresponden a los artículos 31 y 37 de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Morelos. Este último establece que el secretario técnico ejercerá la dirección de la Secretaría Ejecutiva y tendrá las facultades previstas para los directores generales de las entidades paraestatales, conforme a la Ley Orgánica de la Administración Pública estatal.

 

La modificación actualiza el fundamento legal de esas atribuciones, que incluyen dar seguimiento a los acuerdos del Comité Coordinador, elaborar indicadores y propuestas de políticas anticorrupción, evaluar sus resultados y preparar informes sobre los avances o retrocesos del sistema.

 

Sin embargo, el directorio oficial del organismo identifica a Gerardo Hurtado de Mendoza Armas como encargado de despacho de la Secretaría Técnica Temporal, sin que exista un nombramiento definitivo para ocupar la titularidad.

 

La legislación establece que el secretario técnico debe ser designado por el órgano de gobierno de la Secretaría Ejecutiva, mediante el voto favorable de cinco de sus integrantes, para un periodo de cinco años.

 

La reforma aprobada por los diputados no modifica ese procedimiento ni establece un plazo para cubrir la vacante. Tampoco otorga facultades adicionales para investigar o sancionar actos de corrupción.

 

De esta manera, los cambios legislativos actualizan las atribuciones de la dirección del organismo, pero dejan pendiente la designación de quien deberá asumir formalmente su titularidad.

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