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Gran revuelo causó a lo largo de estos días la revelación del secretario de Seguridad Pública Federal, Omar García Harfuch, en la Mañanera del Pueblo, acerca de que la justicia federal investiga a 17 presidentes municipales de Morelos.

Si bien la federación debería tener listos ya elementos y pruebas para poder procesar a un buen grupo de autoridades municipales de la entidad, de los nuevos y de los que entregaron el poder el 31 de diciembre pasado, el número de alcaldes que realmente tienen vínculos con la delincuencia no está claro, el número más bien salió de la filtración de documentos que hizo el grupo hackers denominado Guacamaya en 2022.

El número es lo de menos, o debería serlo, el problema aquí es que la cifra se puede estar utilizando políticamente, dado que el único que ahora está bajo la mira es el alcalde de oposición, Jesús Corona Damián, de Cuautla. Y aunque toda investigación de este tipo tiene un carácter político, en este caso la utilización no nos llevará directamente a la justicia, sino al linchamiento o al ocultamiento de los verdaderos responsables de las ligas entre autoridades y crimen.

Claro que hay elementos para investigar, claro que hay evidencia de que los grupos criminales se han infiltrado particularmente en los municipios, pero esto debe ser parejo y como lo decía el presidente Andrés Manuel López Obrador, barriendo las escaleras de arriba hacia abajo.

En la investigación también se tiene que incluir la protección que dio a los grupos delincuenciales el gobierno de Cuauhtémoc Blanco, lo que ocurre en Sinaloa con el actual mandatario Rubén Rocha, así como lo que ocurre en Guerrero, pero también en otras entidades. Y a partir de ahí, se debería investigar a los alcaldes y demás autoridades municipales.

Los académicos mexicanos Sandra Ley y Guillermo Trejo han investigado desde el inicio de la guerra contra las drogas en 2006, como los grupos criminales van buscando controlar regiones subnacionales a través de la violencia y luego la extorsión. Ello inicia en las campañas electorales, después exigen posiciones en el gobierno municipal, controlando así las rutas de tráfico, los mercados ilícitos y lícitos y la administración pública.

Más información: Trejo y Ley (2022). Drogas, votos y violencia. La lógica política de las guerras criminales en México.

Así como el estudio en internet Votar entre Balas.

Facebook: @JaimeLuisBritoV