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En el campo de la seguridad pública, no es raro encontrar dilemas que parecen insolubles, donde todas las partes tienen razones válidas que, sin embargo, se contradicen entre sí. Al respecto, planteo una reflexión central: “a veces todos tienen la razón, razones contradictorias entre sí; razones que se sostienen en argumentos que, si unos se suponen ciertos, implican la falsedad de otros”. Se trata de tensiones que plantean preguntas fundamentales: ¿cómo resolver un dilema en el que todos parecen tener una parte de la razón? ¿cómo evitar que el intento de resolver el dilema genere más problemas de los que se intentaban resolver?

Un ejemplo claro de este dilema es la decisión de cerrar calles o privatizar colonias para garantizar la seguridad de sus habitantes. Quienes promueven esta medida argumentan que los altos índices de delincuencia justifican restringir el acceso a personas ajenas a la comunidad. Sin embargo, esta acción entra en conflicto con el derecho al libre tránsito, consagrado constitucionalmente. ¿Qué ocurre cuando proteger la seguridad de unas personas implica restringir las libertades de otras? En este caso, tanto la necesidad de seguridad como el respeto a los derechos fundamentales son argumentos válidos, pero su coexistencia resulta compleja. Además, si se ha demostrado que el resquebrajamiento del tejido social es un ingrediente en el aumento del delito, ¿cómo es que el aislamiento y la exclusión serían la solución? No obstante, se entiende que quienes lo plantean vean en ello una posibilidad.

La inseguridad también afecta directamente el uso y disfrute de los espacios públicos, generando dilemas similares. Por ejemplo, suele afirmarse que “los jóvenes requieren de espacios públicos para recrearse y así disminuir su participación en actividades delictivas”. Sin embargo, cuando estos espacios son coptados por la delincuencia, se les pide a los mismos jóvenes que los eviten porque representan un riesgo. Este dilema se agrava cuando algunos de los jóvenes que debían beneficiarse de esos espacios son quienes terminan involucrados en actos delictivos. Entonces, surgen soluciones contradictorias: “que los encierren” o “que lo hagan en otro espacio, en otra colonia, en su colonia, pero no aquí”. Estas posturas ignoran las causas estructurales de la delincuencia y, en lugar de resolver el problema, lo desplazan y perpetúan. No obstante, también es cierto que ante la amenaza constante de peligro, una decisión sea la exclusión de aquellos que, en un momento y contexto específicos, son significados como entes peligrosos.

Este tipo de dilemas nos obliga a reflexionar sobre la naturaleza de los argumentos que sustentan nuestras decisiones. ¿Cómo contextualizar argumentos dado que no son ciertos para siempre y por completo? En cuestiones de seguridad pública, es esencial reconocer que los argumentos no son absolutos ni universales; su validez depende del contexto social, económico y cultural en el que se insertan. Además, deben considerar los posibles efectos colaterales de las soluciones propuestas, así como la necesidad de equilibrar derechos y necesidades que, en principio, podrían parecer incompatibles. Claro que, cuando el peligro se experimenta en tiempo presente, es difícil empatizar y elaborar este tipo de reflexiones. La urgencia frente a la amenaza limita y radicaliza las opciones.

El discurso avalado nos dice que para avanzar en la resolución de estos dilemas es fundamental promover el diálogo entre todas las partes involucradas, construir soluciones participativas y garantizar que las medidas adoptadas sean flexibles y adaptadas a la situación, que solo así podrán diseñarse estrategias que no solo respondan a las necesidades inmediatas de seguridad, sino que también respeten los derechos fundamentales y contribuyan a la construcción de comunidades más justas y seguras. Sin embargo, ¿quién y desde dónde puede hacer esta solicitud a las comunidades azotadas por el crimen? ¿cómo desmontar prácticas como el linchamiento en contextos donde el Estado –ya sea por colisión, omisión o incapacidad– se ha visto rebasado para garantizar la seguridad de la ciudadanía? ¿cómo solicitar organización comunitaria en un momento en que la confianza es un bien escaso? ¿cómo conciliar el miedo y el rencor con el hecho de que, además de la decisión individual de delinquir, también existen condiciones estructurales que rebasan al individuo y le incitan a tomar dichas decisiones? ¿cómo hacer para que el miedo y la desesperanza no alcancen la cuota suficiente para aceptar regímenes autoritarios?

Existen respuestas dadas, desafortunadamente muchas han sido clasistas, racistas y coloniales. Lo cual, desde mi punto de vista, nos lleva a plantear que, antes de responder el abanico de preguntas planteadas arriba (y más), requerimos responder al menos tres: ¿qué es la seguridad?, ¿desde dónde la definimos? y ¿seguridad para quién?