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Como seguramente ya sabes, el Juzgado Noveno de Distrito declaró inconstitucionales los artículos del Código Penal del Estado de Morelos que penalizan el aborto voluntario y, en ese sentido, los y las diputadas del Congreso local tienen hasta el 15 de diciembre, es decir, hasta este domingo, para derogar dichos artículos.

La discusión en torno al aborto trasciende el simple debate moral y se centra fundamentalmente en el derecho de las mujeres a decidir sobre sus propios cuerpos. No obstante, esta discusión está atravesada también por un tema de clase social. Y es que son las mujeres en condiciones de pobreza quienes enfrentan las mayores consecuencias, ya que al no tener acceso a servicios seguros se ven obligadas a recurrir a prácticas clandestinas que ponen en riesgo sus vidas. A menudo, estas mujeres no solo sufren daños a su salud, sino que son criminalizadas, encarceladas, o lo peor, pierden la vida.

Esta realidad perpetúa un imaginario colectivo en el que se estigmatiza a las mujeres precarizadas como las principales practicantes de abortos, invisibilizando que las mujeres con mayores recursos económicos también interrumpen embarazos, pero con acceso a procedimientos seguros y discretos, garantizados por su capacidad de pago. En este sentido, es crucial señalar que las mujeres con mayores posibilidades económicas rara vez enfrentan los riesgos y consecuencias asociados a los abortos clandestinos, lo que evidencia una desigualdad estructural profundamente arraigada. Y es que, en este país, los derechos que no se tienen, a veces se pueden comprar.

Con todo y criminalización, históricamente, las mujeres, ricas y pobres, se han practicado abortos. La despenalización no traerá consigo un aumento en dicha práctica. Por el contrario, este cambio legal busca garantizar que las mujeres puedan tomar decisiones informadas y seguras sobre sus cuerpos, sin temor a la persecución legal o al estigma social. De hecho, pensar que tras legalizar la interrupción del embarazo las mujeres nos embarazaremos y luego abortaremos descontrolada e irresponsablemente, reside también en un imaginario que asume que para todas las mujeres, el derecho a decidir sobre su cuerpo es siempre sinónimo de no parir, y eso es falso. Como dice la filósofa y escritora mexicana Dahlia de la Cerda, hay mujeres para quienes el acto de dar a luz es un acto político y de resistencia, mediante el cual defienden y afirman su derecho a la vida y a la continuidad de sus linajes. Se trata de mujeres a quienes la violencia estructural amenaza a sus familias. Son esas mujeres que nos incomoda que tengan hijos porque, entrecomillo, “no pueden darles una buena vida”; y son las mismas mujeres que si deciden interrumpir su embarazo, se juzga y criminaliza más. 

Legalizar el aborto no se trata de imponer una postura sobre la maternidad, sino de garantizar un derecho fundamental que permita a todas las mujeres, independientemente de su clase social, decidir sobre sus propios cuerpos en condiciones de seguridad y dignidad. Y de manera implícita, trae consigo la discusión moral de a qué tipo de mujeres sí nos gusta ver parir. 

Fuentes: 

De la Cerda, D. (2023). Desde los zulos. Sexto Piso.