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México vive una paradoja dolorosa: el feminicidio es uno de los delitos más graves, más visibles y más denunciados, pero también uno de los más desigualmente investigados y sancionados. Cada estado tiene su propio tipo penal, sus propias razones de género, sus propios protocolos y sus propias penas. El resultado es un mosaico legal que, en la práctica, produce impunidad estructural.

La presidenta Claudia Sheinbaum decidió enfrentar ese problema de raíz. El 15 de julio de 2026 envió al Congreso la iniciativa para crear la Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio, una reforma que busca homologar el tipo penal, los procesos de investigación y las penas en los 32 estados. Es, en términos jurídicos, una de las reformas más ambiciosas de los últimos años.

La propuesta parte de un diagnóstico claro: mientras el país avanza en algunos indicadores de seguridad, la violencia contra las mujeres sigue siendo un punto ciego del sistema de justicia. Y la dispersión legal es parte del problema.

Homologar para investigar mejor: el corazón de la reforma

La iniciativa plantea una definición única de feminicidio:

“Privar de la vida a una mujer por razón de género.”

Incluye 10 razones de género, desde violencia sexual hasta antecedentes de violencia, estereotipos, prejuicios o contextos de desigualdad. Esto elimina la discrecionalidad estatal que hoy permite que un feminicidio en un estado se clasifique como homicidio simple en otro.

Además, obliga a todas las fiscalías a aplicar protocolos especializados, con perspectiva de género y análisis de contexto. Esto es crucial: muchas muertes violentas de mujeres se clasifican mal por falta de peritajes adecuados, omisiones en la escena del crimen o prejuicios institucionales.

La reforma también crea un Registro Nacional de niñas, niños y adolescentes en orfandad por feminicidio, un paso indispensable para la reparación integral.

Endurecer las penas: un mensaje político y social

La propuesta establece penas homologadas de 50 a 70 años de prisión para feminicidio. Hoy, las penas varían entre estados y pueden ir desde 40 hasta 70 años.

La iniciativa también incorpora 19 agravantes, entre ellas:

• víctimas niñas, adolescentes, adultas mayores o embarazadas,
• víctimas periodistas, defensoras de derechos humanos o migrantes,
• ataques con ácido,
• agresores servidores públicos.

Además, el responsable perdería patria potestad, tutela, derechos sucesorios e inhabilitación si es funcionario. Es un mensaje claro: el Estado no tolerará que quienes ejercen poder lo usen para violentar.

¿Qué significa esto para Morelos?

Morelos es uno de los estados donde la clasificación de feminicidios ha sido históricamente problemática. La homologación implicaría:

• menos discrecionalidad en fiscalías,
• menos subregistros,
• investigaciones más rápidas,
• protocolos obligatorios,
• mayor presión institucional para evitar que casos graves se diluyan.

En un estado donde la violencia familiar y la violencia feminicida han mostrado incrementos —y donde la percepción de inseguridad es una de las más altas del país— la reforma podría ser un punto de inflexión.

Pero también implica un reto: las instituciones locales deben estar a la altura. Homologar la ley no garantiza homologar la capacidad.

La nueva era y el desafío que no se puede ignorar

El gobierno estatal habla de una “nueva era” de gobernabilidad y seguridad, con Cuautla como símbolo del cambio. Los datos muestran avances en delitos patrimoniales y mayor confianza para denunciar. Pero en el tema de violencia contra las mujeres, la narrativa no basta.

La reforma de Sheinbaum coloca el foco donde debe estar: la impunidad estructural. Pero el verdadero desafío es otro: la percepción de inseguridad.

Porque aunque la ley cambie, aunque las penas aumenten, aunque los protocolos se homologuen, si las mujeres no sienten que el Estado las protege, la reforma será letra muerta.

La percepción de inseguridad es el terreno donde se juega la legitimidad de cualquier política pública. Y en Morelos, esa percepción sigue siendo alta, persistente y profundamente arraigada.

Conclusión: la reforma es necesaria, pero no suficiente

La iniciativa de Sheinbaum es un paso histórico. Homologa, endurece, ordena y obliga. Es una respuesta seria a un problema grave.

Pero la justicia para las mujeres no se construye solo con leyes. Se construye con instituciones que funcionen, fiscalías que investiguen, policías que actúen y gobiernos que acompañen.

La reforma es el inicio. La realidad será el examen.

Y en Morelos, ese examen será particularmente exigente.