El aumento de la tarifa mínima —de 10 a 13 pesos a partir del 1 de julio— ya es prácticamente un hecho, aunque condicionado. Y como siempre, el discurso oficial vino cargado de palabras grandes: modernización, dignidad, tecnología, electromovilidad, derechos, humanismo. Pero en Morelos, cuando se habla de transporte público, la pregunta nunca es qué se promete. La pregunta es quién cumple. Porque los concesionarios —los ruteros— tienen una larga historia de ganar primero y cumplir después… o nunca.

Pero en Morelos, cuando se habla de transporte público, la pregunta nunca es qué se promete. La pregunta es quién cumple. Porque los concesionarios —los ruteros— tienen una larga historia de ganar primero y cumplir después… o nunca.

.𝐋𝐚𝐬 𝐝𝐮𝐝𝐚𝐬 𝐪𝐮𝐞 𝐝𝐞𝐣𝐚 𝐞𝐥 𝐝𝐢𝐬𝐜𝐮𝐫𝐬𝐨

En una entrevista que tuvimos ayer con Jorge Barrera Toledo, coordinador de Movilidad y Transporte, se deja claro que el gobierno sabe que el sistema está roto:

*60% de las unidades están fuera de norma.

*El modelo de pago por cuenta es precariedad laboral estructural. *No existe control real sobre rutas, frecuencias ni conducción.

*La supervisión ha sido históricamente inexistente. Y aun así, el aumento ya está autorizado. El resto —la modernización, la sustitución de unidades, la telemetría, la videovigilancia, la capacitación, la ruta empresa— está condicionado, prometido, planeado, proyectado. Pero no cumplido.

𝐋𝐚 𝐠𝐫𝐚𝐭𝐮𝐢𝐝𝐚𝐝: 𝐚𝐯𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐬𝐨𝐜𝐢𝐚𝐥

El programa de gratuidad para adultos mayores, personas con discapacidad y estudiantes de educación media superior y superior es, en papel, un avance histórico. Todavía no tenemos las reglas de operación. Serán anunciadas el próximo lunes 18 de mayo.

La gratuidad dependerá de:

*una tarjeta,

*un sistema de validación,

*una base de datos,

*un operador que no pueda negarse,

*y un gobierno que pueda supervisar.

Todo eso no existe hoy. Las autoridades de Transportes y de la Secretaría del Bienestar, e incluso la Agencia de Transformación Digital, tendrán que trabajar a marchas forzadas para lograr que esto exista en menos de dos meses.

𝐋𝐚 𝐬𝐮𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐜𝐢ó𝐧 𝐝𝐞 𝐮𝐧𝐢𝐝𝐚𝐝𝐞𝐬: 𝐞𝐥 𝐞𝐥𝐞𝐟𝐚𝐧𝐭𝐞 𝐞𝐧 𝐥𝐚 𝐫𝐮𝐭𝐚

El coordinador dice que todas las unidades fuera de norma dejarán de circular antes de que termine la administración.

Suena bien. Pero aquí está el problema:

*60% del parque vehicular está fuera de norma.

*La sustitución depende de financiamiento público.

*Los concesionarios nunca han querido endeudarse.

*La supervisión estatal ha sido históricamente débil.

*No hay sanciones claras para quien no cumpla.

Y la frase “la unidad no circulará” ya la hemos escuchado antes. En 2008, 2013, 2016, 2019, 2022. Siempre con el mismo resultado: circulan. Ojalá haya ahora las condiciones para obligarlos, es nuestra esperanza y al mismo tiempo anhelo.

𝐓𝐞𝐥𝐞𝐦𝐞𝐭𝐫í𝐚 𝐲 𝐯𝐢𝐝𝐞𝐨𝐯𝐢𝐠𝐢𝐥𝐚𝐧𝐜𝐢𝐚

Barrera Toledo promete que el Estado tendrá, por primera vez, control real sobre:

*conducción temeraria,

*carreritas,

*rutas que abandonan colonias,

*frecuencias,

*demanda insatisfecha.

Eso requiere:

*dispositivos instalados,

*conectividad,

*un centro de monitoreo,

*personal capacitado,

*sanciones, y

*voluntad política.

Hoy no existe eso. Y si no existe, no se puede supervisar. Y si no se supervisa, no se puede sancionar. Y si no se sanciona, los ruteros no cumplen. Tienen mucho trabajo.

𝐑𝐮𝐭𝐚‑𝐄𝐦𝐩𝐫𝐞𝐬𝐚: 𝐮𝐧𝐚 𝐫𝐞𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚 𝐧𝐮𝐞𝐯𝐚 𝐪𝐮𝐞 𝐞𝐧𝐟𝐫𝐞𝐧𝐭𝐚 𝐯𝐢𝐞𝐣𝐨𝐬 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐞𝐬𝐞𝐬

Aquí está la corrección clave:

El modelo Ruta‑Empresa no es una promesa vieja ni un compromiso incumplido. Es nuevo, posible solo gracias a la reciente reforma a la Ley de Transporte.

Es, en teoría, el mecanismo para:

*formalizar a los operadores,

*garantizar derechos laborales,

*eliminar la cuenta diaria,

*transparentar ingresos,

*profesionalizar el servicio.

Pero también es el modelo que más resistencia generará, porque toca el corazón del negocio de los concesionarios:

*control de rutas,

*control de operadores,

*control del flujo de efectivo,

*control político.

La pregunta no es si el modelo es bueno. La pregunta es si los ruteros lo permitirán.

Y si el gobierno tendrá la fuerza para imponerlo.

𝐂𝐨𝐧𝐜𝐥𝐮𝐬𝐢ó𝐧

El gobierno dice que esta vez es diferente. Que ahora sí habrá:

*sustitución de unidades,

*telemetría,

*videovigilancia,

*capacitación,

*ruta empresa,

*gratuidad garantizada.

Pero la historia del transporte en Morelos dice otra cosa:

*2008: renovación prometida. No pasó.

*2013: GPS prometido. No pasó.

* 2016: capacitación generalizada prometida. No pasó.

*2019: accesibilidad prometida. No pasó.

*2022: seguridad prometida. No pasó.

Y ahora, en 2026, se promete todo al mismo tiempo.

El aumento ya está firmado. La modernización está por verse. El cumplimiento es una promesa que depende de muchas condiciones y circunstancias, ojalá dependiera menos de la suerte y más de la acción de las personas.