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En memoria de Alejandro Chao y Sara Rebolledo

El pasado martes 5 de mayo de 2020 se dio a conocer a la opinión pública el Índice de Paz, México 2020 (IMP), documento que se encarga de elaborar, desde hace siete años, el instituto para la Economía y la Paz (IEP). 

Desafortunadamente, debido la emergencia sanitaria que atraviesa el mundo por la pandemia ocasionada por el coronavirus SARS-CoV-2 que causa la enfermedad de Covid-19, la difusión de su contenido ha sido escasa, sin embargo, ahora que la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador ha dado un paso al frente para avanzar en la militarización de la seguridad pública del país, conviene insistir en su existencia e intentar darle la más amplia difusión.

El documento que da cuenta del Índice de Paz México 2020 señala que: “La violencia en México puede dividirse en cuatro categorías, cada una de las cuales requiere su propia respuesta de política pública: 1) Violencia política; 2) Violencia oportunista, como la extorsión y el robo; 3) Violencia interpersonal, como agresiones, delitos sexuales y violencia familiar; y, 4) Conflictos de cárteles, que se caracterizan por implicar altos niveles de homicidio, delitos relacionados con drogas y conflictos armados entre grupos criminales”.

Cada una de estas cuatro categorías requiere su propia respuesta en materia de políticas públicas. A continuación, enuncio algunos de los aspectos más relevantes del documento que da cuenta del Índice de Paz México 2020:

a) En 2019, el nivel de paz en México tuvo un retroceso de 4.3 por ciento, descendiendo por cuarto año consecutivo. Este deterioro se debió a que las actividades delictivas se incrementaron de manera importante, al grado que la tasa de crímenes de la delincuencia organizada creció 24.3 por ciento. Como resultado, 23 de los 32 estados del país mostraron caídas en sus niveles de paz, mientras que sólo nueve mejoraron.

b) México presenta el menor nivel de gasto en seguridad interna y sistema judicial de los 33 países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), con 0.7 por ciento del PIB. De ahí que se le dificulte desarrollar capacidades suficientes en su sistema judicial para hacer frente a las necesidades del país. Para atender efectivamente la violencia, México debería mejorar e incrementar su gasto en el sistema de justicia penal. Es decir, invertir más y mejor.

c) El impacto económico de la violencia en México se calculó en 4.57 billones de pesos (238 mil millones de dólares) en 2019, cifra equivalente a 21.3 por ciento del PIB nacional. Si bien el impacto económico total disminuyó 0.3 por ciento en comparación con el año anterior, ello se debió a que hubo reducciones en el gasto en seguridad interna y el sistema de justicia penal. El impacto económico del homicidio, los crímenes de la delincuencia organizada, el gasto militar y el robo con violencia siguió aumentando.

d) Durante 2019, el impacto económico de la violencia superó ocho veces al gasto público en salud y seis veces al gasto en educación. El impacto económico per cápita de la violencia fue de 36 mil 129 pesos, lo que representa aproximadamente cinco veces el salario mensual promedio en México.

e) Si México redujera su tasa de homicidios en 10 por ciento —lo cual es un objetivo alcanzable—, el impacto económico del homicidio disminuiría en 219 mil millones de pesos. Una reducción así equivaldría a cuatro veces el gasto que hizo el gobierno en ciencia, tecnología e innovación en 2019.

f) Considerados en conjunto, los hallazgos del IPM 2020 destacan la necesidad de combatir la creciente ilegalidad. Para atender la seguridad pública y construir la paz, se requiere una estrategia integral y articulada que aborde los retos de corto y largo plazo. Debe ponerse especial énfasis en la impunidad, la falta de inversión suficiente en el sistema de justicia penal y los altos niveles de percepción de corrupción.

Paso ahora a resaltar a ubicar a Morelos en el contexto de la información que proporciona el IPM 2020. Será importante decir que el Índice de Paz se calcula utilizando cinco indicadores basados en cinco tipos de delitos: Homicidios, delitos con violencia, crímenes de la delincuencia organizada, delitos cometidos con armas de fuego y cárcel sin sentencia.

Para determinarlo, se establecen puntajes con base en las cifras oficiales, las entidades con puntajes mayores, cercano a 5, son las entidades donde la violencia es mayor y por lo tanto la paz está más ausente; por el contrario, los estados con un puntaje cercano a 0, tienen un mejor índice de paz. Así que respecto a Morelos:

a) El índice de Paz que se registra en Morelos es de 3.583, lo que lo ubica en el lugar 26. Yucatán que ocupa el lugar número 1 tiene un índice de paz de 1.272 y Baja California que ocupa el lugar 32 tiene un índice de paz de 4.572.

b) En relación con el Índice de Paz correspondiente al año 2018 Morelos se desplazó seis lugares hacia abajo. “Morelos – dice textual el documento - registró la calificación general con el mayor retroceso, luego de que su tasa de crímenes de la delincuencia organizada aumentó 193 por ciento”.

c) En la información relativa al impacto económico per cápita, de la violencia, el informe señala que en Morelos fue de 56 mil 559 pesos lo que arroja una cifra de 114.4 millones de peso de impacto económico global, en Mérida fue de 11 mil 714 pesos per cápita y en cuanto impacto económico de $26.2 millones y en Baja California la información es la siguiente. 72 mil 409 pesos per cápita y $259.1 millones de impacto económico global.

El Índice de Paz, México 2020 es un documento que debería tener una profusa circulación entre los actores sociales y políticos de Morelos y servir de fundamento para una amplia convocatoria que reedite a la mayor brevedad los Diálogos Políticos por la Seguridad Ciudadana a los que convoco la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) en mayo del 2014. Han pasado ya 6 años y lo que los motivo sigue asignatura pendiente: Construir el MorelosConPaz que todos anhelamos.

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