Compartir la nota por:

La primera intervención del movimiento de Resistencia Estudiantil en la mesa de diálogo con autoridades de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) no dejó espacio para matices: los estudiantes rechazaron ser tratados como infractores y plantearon que su movilización responde a una crisis de seguridad que, aseguran, ha sido ignorada por años.

Con los rostros cubiertos, los voceros justificaron esta medida como una forma de protección ante posibles represalias, en un contexto que describieron como hostil para quienes han decidido alzar la voz. Desde esa posición, pidieron frenar lo que consideran una narrativa de criminalización en su contra.

Durante su exposición, el movimiento vinculó el origen de la protesta con hechos de violencia que han marcado a la comunidad universitaria. Recordaron el asesinato de Aylin, estudiante de Psicología en 2025, así como la desaparición de Kimberly, ocurrida el 20 de febrero, casos que —afirmaron— evidencian fallas graves en las condiciones de seguridad, incluso dentro de los propios espacios universitarios.

Los representantes estudiantiles también fijaron postura frente a las instancias de representación interna. Desconocieron a la Federación de Estudiantes Universitarios de Morelos (FEUM) y a los órganos colegiados, al señalar que no han respondido a las demandas del alumnado y que, por el contrario, han contribuido a mantener un entorno de opacidad.

En ese contexto, defendieron las acciones emprendidas durante el paro, incluidas las intervenciones en instalaciones universitarias, al considerarlas formas de expresión frente a la falta de canales efectivos de diálogo. Sostuvieron que estas manifestaciones buscan visibilizar una problemática que, aseguran, no puede seguir siendo minimizada.

Como parte de sus condiciones para continuar en la mesa, los estudiantes insistieron en la necesidad de establecer garantías formales de no represalias, con sustento institucional. Subrayaron que no aceptarán compromisos ambiguos ni acuerdos sin mecanismos claros de cumplimiento.

El posicionamiento cerró con un mensaje directo: la resolución del conflicto dependerá de que existan condiciones reales de seguridad y respeto para la comunidad estudiantil. Mientras eso no ocurra, advirtieron, no hay condiciones para retomar la normalidad académica.