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El presidente municipal de Cuernavaca, Francisco Antonio Villalobos Adán, fue vinculado a proceso por el delito de cohecho, aunque a la fiscalía anticorrupción le fueron negadas las medidas de prisión preventiva y destitución del edil, debido a que éste llegó a la audiencia con un amparo en el que se establece de ser destituido “se afectaría al interés social”.

Este martes a lo largo de toda la mañana se llevó a cabo la audiencia de vinculación para el alcalde y para el exsubdirector de Protección Civil del ayuntamiento de Cuernavaca, Gonzalo Barquín, quien desde la semana pasada se quedó en prisión preventiva, medida que le fue ratificada este día al vincularsele a proceso.

Ambos funcionarios serán procesados por la denuncia de dos empresarios que instalaron un autocinema, mismo que les fue clausurado y que se les condicionó la reapertura al pago de “una mordida” de 200 mil pesos. Los afectados presentaron una denuncia y seis funcionarios del gobierno municipal fueron detenidos en agosto pasado.

En la investigación fueron incluidos el alcalde y el entonces titular de Protección Civil. La semana pasada ambos personajes recibieron la imputación del delito de cohecho y el juez determinó que el primero seguiría en libertad, mientras que el segundo quedaría en prisión preventiva. Se fijó entonces este martes para la audiencia de vinculación a proceso.

Villalobos Adán acudió a la justicia federal sabiendo que la Fiscalía Anticorrupción pediría este martes su destitución y la cárcel preventiva. El juzgado séptimo de Distrito, recibió un “incidente de suspensión”, al que dio trámite concediendo la protección de la justicia federal para evitar la cárcel y la destitución.

De acuerdo con el fallo, se le otorgó al edil la suspesión provisional pues “fue electo” para el cargo en el que “preside el manejo de los intereses colectivos” de la población de Cuernavaca, con el objetivo de “posibilitar una gestión más eficaz de los servicios públicos”.

Así, el juzgador ponderó una posible afectación al interés social, por ello “considera factible el otorgamiento de la medida cautelar” pues su negativa causaría a la población “una mayor afectación, y causar al quejoso prejuicios de difícil reparación”. Así que conluyó que “no se materilicen y no se lleven a cabo” las medidas de cárcel preventiva, destitución y se revoque la orden contra el alcalde de no acercarse a las oficinas municipales.