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Como parte del Plan Cuautla, instituciones de los tres órdenes de Gobierno mantienen acciones de proximidad social para prevenir y combatir la extorsión, mediante atención directa a comercios, transporte público, viveros y ciudadanía, con información sobre modalidades delictivas, medidas de prevención y mecanismos de denuncia.

Las labores permiten orientar a la población sobre prácticas utilizadas para extorsionar, entre ellas llamadas con amenazas, mensajes o notas intimidatorias, cobro de piso y clonación de voz mediante Inteligencia Artificial. Asimismo, se brinda capacitación para mantener la calma, interrumpir la comunicación, evitar proporcionar datos personales y reportar los hechos a las autoridades.

La estrategia busca fortalecer la cultura de la denuncia y generar redes de confianza que permitan actuar con mayor rapidez ante amenazas telefónicas o presenciales, particularmente entre sectores que por su actividad mantienen contacto permanente con la población.

Para reforzar estas tareas se han desplegado más de 300 elementos y 79 unidades, con participación del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Morelos y Policía Municipal de Cuautla.

Durante los recorridos, el personal mantiene contacto directo con comerciantes, transportistas y habitantes para informarles sobre los números de emergencia y denuncia anónima, así como las recomendaciones básicas para evitar ser víctimas de engaños o extorsiones.

El Plan Cuautla articula acciones del Gobierno de México y del Gobierno del Estado de Morelos para fortalecer la seguridad y la atención a las causas en la región oriente. La gobernadora Margarita González Saravia ha dado seguimiento a su implementación y a la coordinación institucional para atender las principales demandas de seguridad de la población.

La atención directa en territorio permite ampliar la prevención, facilitar la denuncia y fortalecer la coordinación entre autoridades, comerciantes, transportistas y comunidades frente a la extorsión.