Emiten recomendación contra gobierno de Cuauhtémoc Blanco por homicidio
Un hombre fue detenido de forma injustificada y sometido a tortura por parte de policías, eso le causó la muerte
Por: Jaime Luis Brito, Visitas: 396
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación al gobierno de Cuauhtémoc Blanco Bravo para que se repare el daño a la familia de un hombre que fue detenido de forma injustificada y que fue sometido a tortura por parte de policías, lo que le habría causado la muerte.
Los hechos fueron investigados por la Comisión de Derechos Humanos de Morelos y de ellos se desprendió una recomendación, misma que fue rechazada por las autoridades. Los hechos ocurrieron en febrero de 2017. La Comisión local inició una investigación de oficio en febrero de ese año. Se supo entonces que un hombre habría sido detenido y quien habría perdido la vida mientras se encontraba bajo responsabilidad de la policía.
De acuerdo con distintos informes, videos y testimonios recabados, el hombre tenía huellas de haber sido golpeado en distintas partes del cuerpo. Se inició entonces una carpeta de investigación que terminó con cinco policías procesados por el homicidio de esta persona. Estos agentes habían participado en la detención del hombre.
Se emitió la recomendación, pero el gobierno de Morelos la rechazó. Ante esta actitud, la Comisión de Morelos interpuso un recurso de impugnación ante la CNDH, misma que concluyó con la presente recomendación. En ella, el organismo nacional solicita al gobernador Cuauhtémoc Blanco la inscripción de las personas afectadas en el Registro Estatal de Víctimas, se proceda de inmediato a la reparación integral del daño, se instruya que se garantice a una víctima indirecta el acceso efectivo a la educación hasta nivel medio superior y se otorgue una beca, además de inscribir a las víctimas indirectas en los programas sociales que garanticen su bienestar.
También se pide que, con el consentimiento de las víctimas indirectas, el gobierno de Morelos ofrezca una disculpa pública institucional, en la que se reconozcan las violaciones a derechos humanos cometidas en agravio de las víctimas y se acepte la responsabilidad de los hechos. Además, se solicita que el gobierno dé asesoría jurídica a las personas agraviadas.
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