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El Presupuesto 2023 aprobado por un monto de 34 mil 116 millones y publicado en la edición extraordinaria 6155 correspondiente a este 29 de diciembre del Periódico Oficial "Tierra y Libertad", cobrará vigencia a partir del próximo 1 de enero, adelantaron integrantes de la LV Legislatura de Morelos y enfatizaron que solo mediante el influyentismo o la protección política entre gobiernos podría impedirse su aplicación.

En él, se asignaron importantes recursos por más de 1,000 millones de pesos para que la ciudadanía tenga mejores condiciones de seguridad y que exista un eficiente combate a la delincuencia. Además de aproximadamente 500 mdp dirigidos a infraestructura de municipios que han estado desatendidos durante la actual administración.

Ante las declaraciones del titular del Ejecutivo de este día, en las que confirma que como representante de ese Poder, promoverá una controversia constitucional contra la determinación soberana del Poder Legislativo de aprobar un presupuesto social y que contempla incrementos en prácticamente todos los rubros de la administración estatal, el Congreso del Estado hace un llamado a que dichos procedimientos jurídicos se realicen dentro del marco de la legalidad, sin la pretensión de obtener resoluciones parciales mediante el influyentismo.

El Congreso de Morelos reitera que la aprobación del Paquete Económico 2023, que entre sus principales características, cancela la facultad de libre transferencia de la que gozó el gobernador durante los cuatro primeros años de su mandato, con la que  disponía de 17 mil millones de pesos para transferir de manera discrecional, no constituye un agravio a sus facultades, no perjudica el cumplimiento de sus funciones, ni extralimita las esferas de competencias en estricto respeto a la división de poderes.

En ese contexto, las fuerzas políticas que representan a los 15 legisladores que votaron por unanimidad tanto el paquete presupuestal, como las observaciones a dicho proyecto que en su oportunidad remitió el Poder Ejecutivo al Congreso, hacen este extrañamiento ante las distintas voces que en lo público y lo privado, confirman la improcedencia de la citada controversia constitucional y que sería únicamente mediante el proteccionismo y el acuerdo político, como se podría impedir que este presupuesto del pueblo, cobrara vigencia a partir del próximo 1 de enero.