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Periodistas y personas defensoras de los derechos humanos hicieron escuchar su voz durante el inicio de los diálogos para Diálogos para impulsar una iniciativa de Ley General de Prevención y Protección ante Agravios en su contra. Con una protesta y lectura de manifiestos, así como de propuestas concretas para incorporar a la ley.

Primero, un grupo de periodistas y activistas leyeron un comunicado en el que exigieron al presidente Andrés Manuel Lopéz Obrador que frene lo que consideran es campaña de criminalización generalizada contra la prensa desde la conferencia matutina.

Sosteniendo listones negros en el puño izquierdo, como símbolo de la ausencia de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas asesinados, tomaron la palabra para reprochar el clima de violencia que se vive en varias regiones.

 “Según cifras documentadas por el Comité Cerezo México, se han asesinado en diferentes estados de nuestro país a 94 activistas. Sabemos que en los meses posteriores se han sumado más, como en el caso de nuestra Entidad en la que Rodrigo Morales, activista ambientalista y Alejandro García Zagal ‘El Chepe’, activista social, fueron asesinados, a finales del año pasado,en Cuernavaca”, advirtieron.

“Desde que tomó protesta el actual presidente a la fecha, se han perpetrado 33 asesinatos contra personas periodistas, según ha documentado la organización Artículo 19. En Morelos, son dos comunicadores a quienes les arrebataron la vida: Samir Flores Soberanes, comunicador comunitario y defensor del territorio; y Manuel González Reyes, administrador de un medio digital”, explicaron.

El incremento de asesinatos obedece “a la impunidad que prevalece en cada uno de estos homicidios, alentados por la criminalización, denostación y discursos de odio que frecuentemente y a la ligera, el presidente pronuncia en la conferencia matutina en contra de los, les y las periodistas, discurso que lamentablemente se replica por parte de diversas autoridades municipales y estatales”, aseguraron.

También, exigieron, ante el posible cambio de la ley federal a “Ley General de Prevención y Protección ante Agravios a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas” que “No se delegue la mayor responsabilidad a las autoridades estatales ni a los mecanismos locales, ya que, en la mayoría de los casos significaría poner nuestra seguridad en manos de nuestros violentadores”.

A favor de leyes específicas

En tanto, otro grupo de periodistas presentaron una serie de propuestas concretas para que sean incorporadas a la nueva ley, en particular, solicitaron que se elabore una ley específica para cada uno de los actores: una para periodistas y otra para personas defensoras de derechos humanos, pues existen diferencias.

“Ante la crisis de violencia que padecemos en todo el país las y los periodistas, consideramos que es fundamental expresar nuestras inquietudes y aportar nuestras opiniones sobre los riesgos que corremos al ejercer nuestro oficio para que formen parte de la Ley que se impulsa a nivel federal", advirtieron.

“Prever en la ley sanciones administrativas y penales en contra de servidores públicos y particulares que ejerzan algún tipo de amenaza o agresión para inhibir la práctica periodística y la libertad de expresión, con el fin de remontar los altos índices de impunidad en los casos de periodistas víctimas”, fue otra de las propuestas.

Además de Incluir en el mecanismo federal al menos a un representante de los mecanismos locales, con voz y voto, y se establezca la obligación de realizar conversatorios de manera periódica entre el mecanismo federal y los mecanismos locales para generar un diagnóstico actualizado de lo que ocurre en todo el país.

Y prever en la ley la creación de uno o varios albergues dignos para periodistas en los que se pueda dar resguardo a reporteras, reporteros y sus familias en los casos que requieren ser extraídos de sus estados, por estar en riesgo su integridad física.