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Las y los diputados de la LV Legislatura del Congreso local, propusieron al titular de la Comisión Estatal de Seguridad (CES), José Antonio Ortiz Guarneros, la creación de un “nuevo pacto por la seguridad en el estado de Morelos”, lo anterior en el marco de la comparecencia del funcionario con motivo de la Glosa del 3er. Informe de Gobierno.

En sus respectivas intervenciones, los diputados Francisco Erik Sánchez Zavala, Arturo Pérez Flores y Julio César Solís Serrano coincidieron en plantear la necesidad de un “nuevo pacto de seguridad” para la entidad. Al respecto, Francisco Erik Sánchez consideró que “la seguridad de un Estado es la base para su desarrollo económico y social”.

En este mismo sentido, el legislador Arturo Pérez expresó su voluntad y disposición de respaldar al funcionario estatal a través de este nuevo acuerdo y le planteó la urgencia de reunirse a la brevedad para afinar detalles en torno al tema; en tanto, el diputado Julio César Solís consideró que este “pacto es lo más sano para todos y de mayor beneficio para la sociedad morelense”.

Al respecto, el almirante Ortiz Guarneros manifestó su disposición para establecer ese nuevo pacto “donde realmente nos comprometamos todos”, porque estamos a tiempo de hacer algo por Morelos. “Yo no vengo aquí a ver si gano o si pierdo, yo vengo a sumar, porque los únicos que ganan con desacuerdos en este tipo de debates son los malosos”, dijo.

Asimismo, las y los diputados le requirieron a Ortiz Guarneros información sobre las cámaras de videovigilancia. En este punto, los legisladores Francisco Erik Sánchez y Ángel Adame Jiménez preguntaron al comisionado por qué se tomó la decisión de “dar mantenimiento” a las cámaras en uso, en lugar de adquirir nuevos aparatos, además de requerirle la cifra de dispositivos que actualmente se encuentran funcionando y cuál es el estado en que se encuentran.

En respuesta, el funcionario explicó que existe un contrato por 26 millones de pesos anuales con Telmex para las cámaras de videovigilancia, servicio que es “muy, muy importante” y no tienen recursos para cubrir esa inversión; de los recursos por 31 millones de pesos autorizados el año anterior por Fidecomp –abundó– se reparó la conectividad de estos aparatos que contribuyen a brindar seguridad las 24 horas del día todo el año y hoy se tienen en operación el 75% de las cámaras del C5 y el 87% de las de los Comvives.

En tanto, las diputadas Tania Valentina Rodríguez Ruiz y Mirna Zavala Zúñiga plantearon sus dudas sobre el funcionamiento del Sistema Estatal Penitenciario y cómo se están garantizando los derechos humanos de las personas privadas de su libertad. En este mismo sentido se pronunció la legisladora Verónica Anrubio Kempis, quien solicitó información sobre el número de recomendaciones emitidas por organismos de derechos humanos tanto estatal como federal, que se han recibido por el penal de Atlacholoaya.

Ante estos cuestionamientos, el titular de la CES explicó que se ha obtenido en comodato un centro de arraigo federal y próximamente serán trasladadas 400 personas privadas de la libertad a penales federales, lo que en conjunto permitirá reducir de 42.7 a 1.3% la sobrepoblación del sistema penitenciario en la entidad; dijo que se ha capacitado a policías y custodios para actuar debidamente ante personas con discapacidad, así como respetar sus derechos humanos, así como las de todos los internos, rubro en el que se han cumplido el total de las recomendaciones recibidas de las comisiones estatal y nacional de los Derechos Humanos.

Por su parte, el legislador Alejandro Martínez Bermúdez planteó ante Ortiz Guarneros la necesidad de mejorar el sistema telefónico de atención de emergencias 911, “porque no da seguimiento a las llamadas que recibe”. En este sentido, el almirante refirió que se han endurecido los protocolos del 911 debido al “alto número de llamadas falsas que se reciben” y pidió que se legisle para castigar esta actividad y agregó que tan sólo el año anterior llegaron al 76% las llamadas apócrifas, de las 797 mil 99 recibidas en total. En respuesta, el diputado Sánchez Zavala expresó su disposición para promover una legislación que sancione esta conducta.    

Posteriormente, en su intervención, la diputada Andrea Valentina Guadalupe Gordillo Vega, solicitó al almirante saber si se ha dado seguimiento a los casos de feminicidio cometidos en la entidad y preguntó “¿por qué a pesar de la atención a los casos de violencia familiar sigue creciendo la tasa” de comisión de este delito y le requirió al funcionario mayor apoyo y seguridad para las personas que denuncian delitos contra el medio ambiente, como “la tala que ocurre en Huitzilac”. 

Finalmente, a manera de reflexión, el legislador Agustín Alonso consideró que “existe una crisis de seguridad en el estado” y negó que exista algún “conflicto personal” con el comisionado. Asimismo, le refirió que el Ejecutivo está en posibilidades de apoyar a su dependencia, pues cuenta con la facultad de redireccionar recursos del Presupuesto, que este año “crecerá en más de dos mil millones de pesos”.