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Opositores a la termoeléctrica y el Proyecto Integral Morelos (PIM), condenaron el asesinato del ejidatario de Ayala, Francisco Vázquez Domínguez, y aunque aclararon que no participaba en el movimiento en contra de los megaproyectos, lamentaron el asesinato de cualquier persona.

El homicidio habría sido cometido el viernes cuando un comando armado llegó a la parcela donde el campesino se encontraba trabajando en la colonia Abelardo L. Rodríguez, en el municipio de Ayala. De acuerdo con el documento de la Asamblea Permanente de los Pueblos de Morelos, Francisco no era opositor a la termoeléctrica, pero sí había denunciado amenazas.

Vázquez Domínguez era representante ejidal de la Abelardo L. Rodíguez, además de parte del consejo de vigilancia de la Asociación de Usuarios del Río Cuautla (Asurco). Como parte de ese consejo había pedido cuentas en el manejo de los recursos al actual presidente Rogelio Placencia Barreto, quien habría respondido con amenazas en contra de las críticas.

La Asamblea Permanente de Pueblos de Morelos manifestó “nuestra profunda preocupación y enérgico rechazo por esta ejecución que se suma a los numerosos actos de violencia que se han suscitado por la imposición de los megaproyectos que forman el PIM (Plan Integral Morelos), como lo son la termoeléctrica de Huexca, el acueducto de Ayala y el gasoducto de Amilcingo”.

Dice también que la “violencia institucional y polarización” han sido exacerbadas por autoridades de todos los niveles de gobierno. Esta violencia “viene de quienes pretenden imponer por la fuerza los megaproyectos destructivos al tener intereses particulares. Los opositores somos campesinos y ciudadanos preocupados por el territorio y el medio ambiente, que defendemos lo que no es de nadie porque es de todos”.

Por ello, exigieron que se investigue y castigue a los culpables materiales e intelectuales del asesinato de Francisco Vázquez Domínguez, así como de Samir Flores Soberanes, opositor a la termoeléctrica asesinado el 20 de febrero de 2019, hace ya casi tres años, “sin que hasta ahora se haya logrado avance alguno” en la investigación.

Al mismo tiempo “responsabilizaron” al presidente de Asurco, Rogelio Placencia, al gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo y al propio presidente Andrés Manuel López Obrador “por inducir y permitir la escalada de violencia desde el discurso y la falta de voluntad para resolver la situación por la vía legal y pacífica; también, por cualquier acto de violencia en contra de los compañeros que se encuentran en el planton en el exterior de las oficinas de Asurco”.

Finalmente llamaron a los campesinos y los comisariados de bienes ejidales que firmaron un convenio para que el agua de la planta tratadora de Cuautla se utilizada por la termoeléctrica “promover su nulidad” y así evitar no sólo que se lleven el agua, sino que la planta productora de energía no pueda funcionar.