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Los espacios públicos son considerados como bienes comunes accesibles a toda la ciudadanía. Sin embargo, en la práctica, las condiciones de posibilidad para que sean habitados por todas las personas varían entre grupos. Así, por ejemplo, las mujeres en general experimentan mayores dificultades para transitar por las calles debido a que enfrentan situaciones de acoso y violencia más recurrentes en comparación con los hombres. Otro caso son las políticas de “limpieza social” mediante las cuales las personas en situación de calle son expulsadas directa o indirectamente de ciertos espacios públicos porque son consideradas peligrosas o porque “dañan” la imagen del lugar. Otro caso de este tipo son las prácticas sutiles de privatización que se observan en las ciudades, donde parques o espacios culturales son modificados y/o apropiados de manera que se otorga prioridad de acceso a sectores privilegiados. 

Sobre este último caso, si bien el espacio público es para todas las personas, una forma de reducir las brechas de desigualdad ha sido destinar el uso y acceso de ciertos espacios a poblaciones en desventaja social, es decir, redistribuir el espacio para que, al largo plazo, todas las personas cuenten con un acceso similar a los bienes comunes. En este sentido, la privatización del espacio público opera como una exclusión doble ya que, no solo expulsa de este espacio a ciertos sectores de la población, sino que además les excluye de su posición como sujetos beneficiarios de una política de justicia social.

Estas prácticas de exclusión caben dentro de lo que el sociólogo mexicano Pablo González Casanova (2003) cataloga como colonialismo interno, es decir, dinámicas de dominación al interior de un país donde grupos que ya ostentan cierta ventaja o privilegio se apropian de recursos, espacios y oportunidades destinados a poblaciones en desventaja. Se trata de grupos que, aun cuando disponen del capital económico y simbólico para acceder a los espacios y servicios privados, optan por beneficiarse de las políticas de redistribución apelando a que, al tratarse de recursos públicos, tienen el mismo derecho de acceso. Estas prácticas, que además no requieren de mecanismos de coerción, favorecen la acumulación de capital por parte de estos grupos, ensanchando al infinito las desigualdades preexistentes, mismas que, a su vez, constituyeron las condiciones de posibilidad para que llevaran a cabo dicha apropiación.

Este juego de apropiación-exclusión opera en lo material y lo simbólico, pues al desplazar a los sujetos del espacio, se les relega también de las oportunidades que éste brinda, reafirmando y performando el estereotipo de que los grupos en condiciones de vulnerabilidad “no existen” o “no les interesa” habitar ciertos espacios o realizar ciertas actividades. Se reafirma que, por ejemplo, a las juventudes precarizadas no les interesa el deporte, por lo que se justifica privatizar una cancha pública bajo la manipulación lingüística de “recuperación del espacio”.

La organización y disposición de los espacios públicos son una vía para observar la distribución diferenciada del poder; también son una forma en que podemos analizar prácticas coloniales contemporáneas que configuran al “buen ciudadano” que se asume merecedor de un bien común.

Fuentes:

González Casanova, P. (2003). Colonialismo interno: Una redefinición. Conceptos y fenómenos fundamentales de nuestro tiempo. Conceptos y Fenómenos Fundamentales de Nuestro Tiempo. UNAM.