“La ocasión la pintan calva”, es una expresión popular que se utiliza coloquialmente para dar a entender que las cosas no deben pensarse demasiado, pues al hacerlo se corre el riesgo de perder un tiempo que puede ser decisivo a la hora de conseguir una oportunidad; todo en la vida tiene un momento justo, que hay que saber aprovechar, ya que, si se deja escapar ese momento, puede que luego sea demasiado tarde.

Si bien este refrán se aplica generalmente a la vida cotidiana de las personas, también resulta aplicable a la política y a la administración pública, cuando de aprovechar oportunidades se trata.

Tal es el caso de la oportunidad que representa para Morelos, pero sobre todo para su Gobierno, tan urgido de buenos resultados, la concreción del proyecto de inversión conocido como la “mina de Tetlama”.

Pongámonos en contexto:

En días pasados se publicó en un periódico de circulación local, la noticia de una probable inversión estimada inicialmente en más de ocho mil millones de pesos por parte de la compañía “Esperanza Silver de México” S.A. de C.V., para la exploración y explotación de una mina de oro en tierras pertenecientes a la comunidad de San Agustín Tetlama, municipio de Temixco, proyecto que cuenta con el consenso y apoyo de los comuneros y habitantes de esa comunidad.

Cabe mencionar que, de acuerdo a indicadores oficiales, Tetlama mantiene un alto índice de marginación y amplios niveles de rezago educativo y de servicios públicos; no hay empleos, por lo que sus habitantes, sobre todo los jóvenes, se ven en la necesidad de emigrar para obtener algún ingreso que les permita subsistir.

Irónico, por decir lo menos: una de las comunidades más pobres de Morelos se encuentra sentada, practica y literalmente, sobre una mina de oro, sin que ello le sirva, hasta ahora, para superar su pobreza; la oportunidad que se les presenta para superar la marginalidad en que viven, no puede dejarse pasar.

Cuestionados sobre la viabilidad de este proyecto, la titular de la Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo (SDEyT) , Ana Cecilia Rodríguez González y Constantino Maldonado Krinis, Secretario de Desarrollo Sustentable, ambos del Gobierno estatal, manifestaron poco interés respecto al tema: una, argumentando que existía un conflicto social que el gobierno respetaba, dejando prácticamente a los inversionistas la tarea de salvar este obstáculo, y otro, derivando la responsabilidad de decidir a las autoridades federales.

La respuesta de ambos funcionarios es lamentable: la inversión de más de 8 mil millones de pesos y la generación de miles de empleos, directos e indirectos, debiera mantenerlos ocupados, generando las condiciones para que esa inversión se quede en Morelos.

Ante tal expectativa de desarrollo para Morelos, no solo tratándose de la minera, sino de cualquier otra empresa, el Gobierno del Estado debería asumirse el papel de facilitador para allanar el camino de los inversionistas: que si hay problemas sociales, se media y concilia con los grupos inconformes; que si hay dudas de carácter ambiental, se ponen las condiciones necesarias a la empresa para lograr un proyecto sustentable; que si hay trabas administrativas ante instancias federales o municipales, se interponen los buenos oficios para convencer a esas instancias sobre la bondad y viabilidad del proyecto y sus beneficios para Morelos.

Nuestros funcionarios deberían tener claro que, bajo las actuales circunstancias, existe una enorme competencia con otras entidades para atraer inversiones; seguramente en otros Estados, los gobiernos estarían ofreciendo, inclusive, construcción de infraestructura y estímulos fiscales para apoyar a los empresarios; aquí deberíamos estar haciendo lo mismo.

La economía nacional enfrenta una situación particularmente difícil; la economía no crece y fuentes del Banco de México advierten que podríamos estar a la puerta de una recesión económica.

La situación económica del país impacta, desde luego, a la economía de nuestro Estado.

Datos del INEGI y del CONEVAL, colocan a Morelos como uno de los estados con mayor número de desempleo con una tasa de 1.8 por ciento, lo que equivale a 15 mil personas sin colocación en la economía formal, en tanto que el ingreso laboral per cápita real disminuyó 3.7% entre el segundo trimestre de 2018 y el segundo trimestre de 2019, pasando de $ 1,227.57 a 1,181.91 pesos mensuales; eso explica también porque en Morelos, más de la mitad de sus habitantes viven en estado de pobreza y en pobreza extrema.

La gravedad de la situación requiere de un mayor compromiso social y más creatividad e innovación en el diseño de las políticas públicas por parte de nuestras autoridades para obtener resultados que reviertan esa tendencia; se requiere pasar del discurso a acciones a corto, mediano y largo plazo, propiciando las condiciones sociales, fiscales, laborales, administrativas y de certeza jurídica para que Morelos sea realmente, como dice su slogan, “anfitrión del mundo”, atrayendo inversiones, pues hasta el momento, en lo que va de esta administración, no se ha visto cristalizada una solo inversión trascendente, nacional o extranjera, en ningún ramo de la industria, que genere los empleos, en la calidad y en el número, que requieren urgentemente los morelenses.

Para ello es necesario que exista un acompañamiento profesional y responsable por parte de las áreas gubernamentales de desarrollo económico, que apoye a quienes están interesados para invertir en Morelos, para superar temas sociales, de tenencia de la tierra, de falta de infraestructura o la agobiante tramitología federal, estatal o municipal, para el establecimiento de sus empresas; es preciso que la prioridad sea la inversión y la generación de empleos; es tiempo que en Morelos se vea la inversión privada como una alternativa de desarrollo y no como una amenaza a nuestras comunidades.