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El decreto presidencial sobre los proyectos de infraestructura del presidente Andrés Manuel López Obrador declarados de orden prioritario y de seguridad nacional, golpean la estructura de la rendición de cuentas.

Bajo la motivación de los artículos que enuncian este decreto, está el artículo 90 constitucional, el cual cita que “La Administración Pública Federal será centralizada y paraestatal conforme a la Ley Orgánica que expida el Congreso, que distribuirá los negocios del orden administrativo de la Federación que estarán a cargo de las Secretarías de Estado y definirá las bases generales de creación de las entidades” 

Esto significa que las instituciones que intervienen en el comité que señala el mismo decreto, están facultadas para efectuar sus propias licitaciones, compras y adquisiciones de bienes y/o servicios; cobijados sobre este proceso con el artículo 2° del mismo decreto que señala “Se instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a otorgar la autorización provisional a la presentación y/u obtención de los dictámenes, permisos o licencias necesarias para iniciar los proyectos u obras a que se refiere el artículo anterior, y con ello garantizar su ejecución oportuna, el beneficio social esperado y el ejercicio de los presupuestos autorizados”.

Todo bajo el mando y coordinación de la Secretaria de la Defensa Nacional (SDN) que será ente ejecutor de los lineamientos de referidos artículos del documento presidencial.

Pero hablemos sobre las facultades que tiene el ejecutivo que lo marca el artículo 89 de la constitución mexicana y que tengan que ver con la “seguridad nacional” que a la letra cita: “Preservar la seguridad nacional, en los términos de la ley respectiva, y disponer de la totalidad de la Fuerza Armada permanente o sea del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación”.

Esto nos habla de las facultades que tiene el presidente y que, dentro de estas mismas, está el uso legítimo de las fuerzas armadas de acuerdo a la estabilidad de la seguridad interior y defensa del exterior del país; pierde la esencia cuando se usa y se lleva a la institución encargada de la defensa nacional mexicana a ser operadores de programas políticos del gobierno en turno.

Esto nos hace pensar que las instituciones castrenses, están siendo seducidas por el poder económico y político; ya que, en semanas anteriores, jamás se había pronunciado ningún secretario de defensa a favor de la política pública de su comandante supremo en turno; debido a la institucionalidad precisamente que se preserva en la defensa nacional y armada de México a lo largo de su existencia, al menos no publicamente.

Los reglamentos internos y leyes orgánicas de la defensa nacional, tienen sus propios espíritus para ser y responder a sus propias necesidades, avances tecnológicos, capacitación integral, infraestructura y equipamiento; no así, con la proyección de los proyectos que el ejecutivo nacional tiene en su plan de trabajo sexenal y que éste mismo sea enmarcado como prioritario, de interés nacional y de seguridad nacional; lastima la imagen y la legitimidad de la existencia del ejército mexicano.

La SDN no está preparada para responder a la convocatoria presidencial de presentar las operaciones a los proyectos de infraestructura, por ello la libertad de la licitación fuera del sistema natural burocrático; para que el decreto sea firme a cargos de los efectivos militares en los 12 meses que señala el documento presidencial con su vigencia; no se tiene la capacidad de perfiles técnicos y especializados para cumplir con el proyecto del Tren Mayo, por ejemplo, se deberá de optar por la colaboración de terceros a través de empresas como Ameriko Railways que es una empresa de servicios legales, de cumplimiento, operación y de procesos, que provee consultoría y back office a instituciones financieras y tenedores de activos, por lo que busca impulsar las inversiones, la mayor parte como propuestas no solicitadas, en ciudades con gran densidad poblacional y que necesitan de conectividad,  la misma empresa prevé una inversión de este año sobre los 300 millones de pesos y para el siguiente se busca que alcance los 200 mil millones.

Números que serán manejados en la opacidad y alejados de la rendición de cuentas bajo el documento presidencial denominado: DOF 22/11/21 Acuerdos por el que se instruya a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a realizar las acciones que se indican, en relación con los proyectos y obras del Gobierno de México consideradores de interés público y seguridad nacional, así como prioritarios y estratégicos para el desarrollo nacional.

aleidaad@outlook.com