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El Ayuntamiento de Cuernavaca, a través de la Consejería Jurídica, presentó este miércoles ante el Congreso de Morelos una solicitud de juicio político contra el exalcalde Antonio Villalobos, por cinco causales de las que destacan daños y perjuicios al erario por 430 millones de pesos.

Al hacer la entrega correspondiente en la Oficialía de Partes del Poder Legislativo, la consejera jurídica, Nadia Luz Lara Chávez, indicó que esta demanda se deriva de las 32 denuncias que han sido presentadas ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción por diversas observaciones hechas en el proceso de entrega-recepción, "presentamos cinco hechos, cada uno que generan causales de juicio político. En las pruebas tenemos 19 anexos que constituyen diferentes documentos jurídicos".

En este sentido, precisó que entre las causales presentadas se encuentra el daño al erario público, el perjuicio por el incumplimiento de sus obligaciones como titular del Ayuntamiento capitalino, llevar a cabo conductas que transgredieron en el correcto desarrollo y desempeño del cargo, el mal manejo de los recursos públicos y la desatención en casos específicos como de las obligaciones que derivan de la propia constitución en el tema de seguridad, administración, panteones, así como afectaciones en recursos humanos y financieros.

Recordó que la presentación de las 32 denuncias fue debido a que se comprometieron recursos de la presente administración para el pago de diversos pasivos, la omisión en el manejo de restos áridos que se encontraban en el panteón de La Paz y el reclamo de la denominada reestructuración donde sí bien se había previsto una baja de cerca de 350 trabajadores fueron más de 400, ocasionando una merma en las finanzas de alrededor de 60 millones de pesos, cuando se planteaba un ahorro de 75 millones de pesos, ya que solo ocasionó más de 200 demandas lesionando los derechos humanos y labores de la base laboral.

Lara Chávez puntualizó que están a tiempo de presentar esta solicitud, toda vez que la ley establece que tienen un año a partir del cambio de administración para promoverla y requirieron un estudio a fondo para poder traducir los argumentos suficientes que alimentan este juicio político desde el documento de entrega- recepción y todo lo que ello derivaba, hasta el acuerdo de reestructuración que tiene una doble vertiente en la parte de recursos humanos para verificar el estatus legal y laboral de cada uno de los trabajadores y también en el impacto financiero.

Con el juicio político se pretende que haya una doble sanción hacia el exedil derivado de la responsabilidad administrativa, penal, civil y política que tienda a la inhabilitación para ocupar cargos con posterioridad y el resarcimiento de los daños o perjuicios que se han generado al municipio sobre el monto básico de 430 millones de pesos con independencia de todos los adeudos que se vayan generando y que salgan todavía a través de diversas demandas que están alimentando el juicio político.