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El expresidente municipal de Cuernavaca, Francisco Antonio Villalobos Adán, el día de su detención en un hospital de la capital del estado - Foto: Especial

Quitan prisión preventiva a exregidor detenido por caso Villalobos

El panista Jesús Martínez Dorantes prometió aportar elementos de prueba contra el expresidente municipal acusado por el robo de 9 millones de pesos

Por: Masiosare, Visitas: 406

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El exregidor de Cuernavaca, el panista Jesús Martínez Dorantes, obtuvo la posibilidad de vivir su proceso penal por ejercicio abusivo de funciones bajo la condición de que aporte pruebas en contra del exalcalde el morenista Francisco Antonio Villalobos Adán, alias Lobito, quien se encuentra preso desde el pasado 30 de septiembre.

Otra de las imputadas, la también exregidora por Morena, Anayeli Rodríguez continuará su proceso en prisión, pues la Fiscalía Anticorrupción y el propio juez del caso, le negaron la posibilidad del llamado “criterio de oportunidad”. Este mismo lunes inició una campaña en redes sociales de solidaridad con la también reportera, para que pueda llevar su proceso en libertad.

Este fin de semana se llevó a cabo la audiencia de vinculación a proceso en donde tanto el exalcalde Villalobos Adán, como los dos exregidores Jesús Martínez y Anayeli Rodríguez, quedaron sujetos a proceso. Sin embargo, al solicitar el criterio de oportunidad ambos ediles, sólo Martínez Dorantes obtuvo la condición de su proceso en libertad a cambio de exhibir pruebas que ayuden a condenar al expresidente municipal.

La investigación está relacionada con la causa penal JC/385/2022 con base en la retención de las cuotas aportadas por trabajadores del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC) por parte del ayuntamiento, mismas que no fueron enteradas al Instituto de Crédito para los Trabajadores del Estado. Esto ocurrió desde la primera quincena de enero de 2019 hasta el mes de octubre del mismo año.

Con ello se generó una afectación de casi 7 millones de pesos, más recargos e intereses generados por el impago, lo que alcanza un monto de 9 millones 147 mil 482 pesos. Es por esa cantidad “distraída” que se les procesa al expresidente y a los exregidores, quienes formaron parte de la Junta de Gobierno del SAPAC, pues fueron al menos omisos en el cumplimiento de sus funciones y no evitaron la afectación a los trabajadores.

 

 

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