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Los conflictos registrados entre pobladores de Hueyapan, que han llegado a las agresiones físicas, derivan de un presunto desvío de recursos cometido por integrantes del Concejo Municipal Indígena.

Esteban Gerardo Pérez González, integrante del Concejo, informó que el conflicto desatado en ese municipio, en la zona de los Altos de Morelos, inició cuando pidieorn cuentas sobre las finanzas públicas a la Tesorería.

“Concejales, empleados, ciudadanos y grupos organizados solicitaban apoyo a la Tesorería Municipal, donde el responsable siempre daba la negativa de que no había dinero, motivo por el cual la ciudadania solicitó a través de los Asesores del Municipio que se revisaran los estados de cuenta, así como los cortes de caja que la misma Tesorería entregaba a los Concejales, documentos donde se percató de la existencia de otras cuentas bancarias que ocultaban los ex concejales, así como los saldos que no correspondían a los cortes que anunciaba la misma Tesorería.

“Por sí fuera poco, se descubrió la poca transparencia de los recursos del fondo revolvente de Hueyapan, el cuál era manejado de forma inapropiada por el entonces Tesorero, donde sus contadoras, Leticia ‘N’, quien por cierto no fue aprobada por la Asamblea General, y Verónica ‘N’ depositaban 14 mil 500 pesos cada tres días a una cuenta de Banorte, identificada con el RFC del ex Tesorero, Santos Artemio ‘N’, haciendo un total de 126 depósitos, dando un total de 1 millón 444 mil pesos, esto solo en 12 meses”, expresó.

Esta situación ocasionó que el Concejo Municipal quedara dividido en dos equipos, agregó, uno encabezado por Jorge Enrique y otro por Don Pablo ’N’.

Añadieron que el 23 de julio del 2020 se presentó un informe sobre las posibles irregularidades de la Tesorería. Ese mismo día se aprobó el reglamento interno del Concejo Mayor, donde queda facultado para fiscalizar los recursos públicos del municipio.

“Ahí se acepta públicamente la renuncia de los que hasta esta fecha eran concejales, manifestando que renunciaban por voluntad propia y sin presión alguna, quienes después demandan al Municipio, promoviendo un juicio para la protección de sus derechos político-electorales, mismo que pierden ante el Tribunal Electoral del Estado de Morelos, después de comprobarse que efectivamente Jorge Enrique y compañía se valieron de falsedades, como aquella de que se les obligó a firmar si no se les linchaba, acto comprobado gracias a las grabaciones, otro argumento de su renuncia fue no querer trabajar con el Concejo Mayor ni con el Reglamento de Hueyapan.

“Derivado de esta Asamblea, el pueblo solicita urgentemente al Congreso del Estado de Morelos programe una auditoria especial a través de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF) para que se realice una revisión exhaustiva de las finanzas del Municipio Indígena de Hueyapan para verificar las irregularidades”, dijo.

De acuerdo con este grupo de pobladores, el equipo de Jorge Enrique ha buscado todo este tiempo la confrontación.

“El día 24 de diciembre del año 2020, el Tribunal declaró la resolución definitiva a favor del equipo de Don Pablo, lo cual generó un descontento y preocupación para los ex concejales, lo cual los enardeció y se organizó con el Comité del Agua Potable para elegir a sus propios Concejeros”, expresó.

Los recursos recibidos  por el Ayuntamiento Indígena de Hueyapan son, hasta la fecha por parte del Gobierno son, en 2019, 16.5 millones de pesos; en 2020, 21.5 millones de pesos; mientras que en 2021, de enero hasta el 14 de febrero fueron 2.4 millones.

“Hacemos mención que los ex concejales pierden toda facultad de administrar un solo peso posterior al 24 de diciembre de 2020, por lo que hacemos de conocimiento que desde esta fecha y hasta el 14 de febrero deberá existir un monto de 3.1 millones de pesos en las cuentas de Hueyapan, de haberse tocado un solo peso se responsabiliza a los titulares y cómplices del manejo ilícito de dicho recurso el cual deberá ser reintegrado a las Arcas Municipales de Hueyapan.

“Hemos callado por seguridad, pero jamás hemos dejado de luchar por el pueblo que soñamos, si nuestro delito es pedir cuentas, que se nos juzgue, sabemos perfectamente que la mejor vía es la paz social y que los hechos suscitados  recientemente nos hacen reflexionar qué estamos haciendo y hasta dónde hemos llegado, corrijamos el camino y dejemos de prestamos a los malos entendidos, no más víctimas, no más violencia, no más injusticias”, expresó.