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Los procuradores y fiscales de Morelos, la Ciudad de México y los estados de México, Hidalgo, Puebla y Tlaxcala acordaron la creación de Mecanismo Extraordinario Forense y de un presupuesto especial para el año siguiente que “apoye las labores de identificación de cadáveres, que hasta el momento no han sido identificados”.

Reunidos en Jiutepec, Morelos, para llevar a cabo la Segunda Sesión Ordinaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia Zona Centro, revisaron pendientes en materia forense, extinción de dominio, violencia de género y sobre la puesta en práctica del “informe policial homologado”.

En materia forense acordaron la creación de Mecanismo Extraordinario Forense, que significa estrechar las relaciones institucionales para llevar a cabo diligencias para la identificación de los cuerpos de personas asesinadas que no han sido identificadas en los estados involucrados. El mecanismo pondría en común las capacidades institucionales.

Para ello también se solicitará un presupuesto especial para el 2020 que permita el fortalecimiento de los equipos forenses para poner en común los laboratorios forenses, el personal, la capacidad técnica y humana. Ello como parte del Programa Nacional de Exhumaciones y del Mecanismo de Identificación Forense.

La sesión fue inaugurada por el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo y a los participantes les dio la bienvenida el alcalde de Jiutepec, Rafael Reyes Reyes. Fue encabezada por la secretaria técnica de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, además del fiscal de Oaxaca, quien es vocero de esa red, Rubén Vasconcelos Méndez.

Los acuerdos de la reunión respecto a la violencia de género son la conformación de un grupo de trabajo que revise los tipos penales que tienen que ver con la violencia de género, como el hostigamiento o acoso sexual, violación y feminicidio. Además, se planteó la inclusión de la figura de feminicidio en grado de tentativa en los datos estadísticos a efecto de que se permita homologar e interconectar con las bases de datos sobre violencia de género.

También se acordó promover la modificación al Protocolo de Alerta Amber a fin de que se incorpore la utilización de medios electrónicos para abreviar a 30 minutos la emisión de alertamiento o desactivación para la búsqueda de niñas, niños y adolescentes en situación de sustracción, ausencia, extravío, no localización o desaparición.

En cuanto a la Ley Nacional de Extinción de Dominio, se determinó que las fiscalías y procuradurías establezcan sus Unidades de Extinción de Dominio para su atención con áreas de inteligencia patrimonial y financiera. Además, de designar enlaces operativos con la próxima Unidad Especializada en Materia de Extinción de Dominio de la Fiscalía General de la República (FGR) y se genere una red nacional de unidades en la materia.

Asimismo se propuso realizar un conversatorio nacional en materia de extinción de dominio, para el próximo mes de octubre, a efectuarse en el Estado de México en coordinación con la Unidad para la Implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio (UISPPA).  

También se acordó crear un grupo de trabajo de fiscalías o procuradurías de la zona con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para establecer procesos de colaboración más agiles y que apoyen las investigaciones que realizan las instituciones de procuración de justicia.

Finalmente, se tomaron acuerdos respecto de la Ley Nacional del Registro de Detenciones y del Informe Policial Homologado. En ese sentido, las fiscalías y procuradurías de estos estados del centro del país, acordaron participar con el Centro Nacional de Información en la elaboración de los lineamientos del nuevo formato del Informe Policial Homologado así como del Registro Nacional de Detenciones.

Igualmente, se acordó que en 15 municipios de estos estados se realizará una prueba piloto del Informe Policial Homologado Digital, pero no se determinó cuáles localidades serán las incluidas. También se realizará una reunión con las otras procuradurías y fiscalías generales que estén involucradas en este tema, para homologar la información respecto al funcionamiento del informe.

Asimismo, se acordó realizar un conversatorio con el Poder Judicial de la Federación, así como con los tribunales superiores del país, para “discutir la naturaleza jurídica del Informe Policial Homologado”.

Por último, se acordó la creación de un grupo especializado de justicia en adolescentes que permita fortalecer las capacidades de procuración de justicia para adolescentes. En esta reunión, el Inegi presentó la propuesta de Estrategia para Fortalecer la Estadística Nacional en Procuración de Justicia, así como la posibilidad de generar un Sistema Nacional de Información en Procuración de Justicia.