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Magistrados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) desecharon la vinculación a proceso de Alejandro Alonso Arriola, exdirector general de administración del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Morelos, a quién se acusaba de enriquecimiento ilícito en perjuicio de la entidad. El daño sería por más de 20 millones de pesos.

La denuncia fue presentada por Gerardo Becerra Chávez de Ita, asesor en materia anticorrupción del gobierno del estado contra este exfuncionario estatal. La Fiscalía del ramo presentó 15 antecedentes de prueba para demostrar que el exservidor público, quien obtuvo de forma inexplicable varios inmuebles, ya que el sueldo que percibía simplemente le impedía adquirirlos de forma legal.

Sin embargo, el magistrado Rubén Jasso presentó su proyecto de dictamen confirmando la no vinculación a proceso por enriquecimiento ilícito bajo el argumento de que no había elementos suficientes para tal hecho. Por su parte, Carlos Iván Arenas, emitió voto particular, pues aseguró que no compartía el criterio sostenido por la mayoría.

En tanto, el consejero jurídico del gobierno del estado, Samuel Sotelo Salgado, aseguró que existen magistrados que “han mostrado interés” por echar abajo la vinculación a proceso de exfuncionarios de la administración de Graco Ramírez, luego de que se han presentado los elementos suficientes para comprobar los ilícitos.

Anunció también la presentación de un amparo indirecto contra las acciones tomadas por los jueces. Dijo que hay “algún interés” determinado en estos expedientes y por lo menos hoy en día no se comparten los puntos de vista con los magistrados, lo que obliga a realizar otro tipo de acciones.

“Nosotros tenemos la sospecha de que los magistrados están protegiendo a exfuncionarios de la administración pasada”, sostuvo. Además, aseguró que en caso de encontrar elementos suficientes, los magistrados también son susceptibles de responsabilidad.