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La Fiscalía de Morelos está imposibilitada para inhumar legalmente alrededor de 500 cuerpos que se encuentran en las morgues de los Servicios Médicos Forenses de la entidad, pues hasta el momento, sigue sin llevarse a cabo la aplicación de protocolos de identificación de estas personas.

De acuerdo con Susana Díaz Pineda, vocera del Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, a un número significativo de cuerpos no se les ha practicado la necropsia de ley y no se han aplicado la toma de muestras genéticas para luego ser integradas en las bases de datos para su posible identificación.

Según la activista defensora de los derechos humanos, el problema es la falta de personal especializado, pero además del equipo necesario, así como de los reactivos para poder elaborar los perfiles genéticos de ADN. Además, es un tema de voluntad, porque también están suspendidas las intervenciones en las fosas de Jojutla.

“Lo que queremos evitar es que haya cuerpos sin identificar y que las familias dejen de andar buscando a sus desaparecidos o que se queden olvidados en los Semefo”, o lo peor, dijo, que terminen siendo inhumados de forma irregular o clandestina, como ocurrió en las fosas de Jojutla o de Tetelcingo en 2014.

En tanto, hizo un llamado a tomar medidas porque hasta el momento no hay una estrategia que detenga los feminicidios ni la violencia que provoca asesinatos, lo que incrementa el número de cuerpos sin identificar.

En octubre pasado la fiscalía admitió que eran más de 200 cuerpos sin identificar. Luego, un diario local en Morelos hizo una solicitud de información pública que confirmó que en febrero pasado, eran ya 450 cuerpos. Con base en ello y un conteo de notas periodistas se establece que el número actual rebasa los 500 cuerpos.

A principios de año, el fiscal Uriel Carmona Gándara, informó que la dependencia a su cargo pasaba por un momento complicado, porque no tenía peritos ni equipo, ya no especializado, ni siquiera vehículos para poder realizar el levantamiento de los cuerpos.